El paquete de propuestas para combatir la corrupción y la impunidad entregado al Senado de la República por el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar entrará en una etapa de revisión y diálogo con legisladores, especialistas, instituciones académicas y organizaciones sociales, con el propósito de construir consensos antes de su eventual presentación y discusión formal en el Congreso de la Unión.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, recibió el pasado 9 de noviembre las propuestas que contemplan modificaciones constitucionales y reformas a 19 ordenamientos legales, orientadas a fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, mejorar los mecanismos de investigación y sanción de actos de corrupción y revisar el funcionamiento de las instituciones responsables de combatir la impunidad.
Entre los planteamientos destacan modificaciones a los artículos 73 y 113 de la Constitución, el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización y el otorgamiento de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
Durante la presentación, Ramírez Cuéllar explicó que uno de los objetivos centrales es construir un nuevo esquema de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar las conductas ilícitas.
También propuso ampliar las capacidades de las fiscalías anticorrupción federales y estatales, revisar los delitos relacionados con actos de corrupción, fortalecer los mecanismos de extinción de dominio y recuperación de recursos desviados, así como establecer garantías para proteger e incentivar la denuncia ciudadana.
Otro de los asuntos que se pretende incorporar al debate es la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios públicos, además de revisar la figura del juicio político y los mecanismos para hacer efectivas las responsabilidades y sanciones.
Mesas de trabajo para construir consensos
Como parte de la ruta planteada se contempla integrar espacios de análisis en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y el ámbito académico, con participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La intención es que legisladores y especialistas revisen cada uno de los planteamientos, precisen sus alcances e incorporen observaciones para construir una propuesta integral que pueda contar con respaldo político y social.
Sin embargo, hasta el 14 de noviembre no se ha hecho pública una convocatoria oficial que establezca las fechas de instalación de estas mesas de trabajo ni un calendario definitivo de consultas.
Plantean posible periodo extraordinario en enero
Ramírez Cuéllar también puso sobre la mesa la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir el paquete de reformas, con enero de 2027 como horizonte planteado durante su intervención.
El legislador señaló que primero será necesario concluir la elaboración y precisión de las iniciativas, a fin de que exista materia legislativa suficiente para abrir la discusión y buscar acuerdos.
La eventual convocatoria dependerá de que las propuestas alcancen un nivel de integración que permita su análisis parlamentario. Hasta ahora, no existe una fecha formalmente anunciada para ese periodo extraordinario.
La recepción del paquete constituye, por tanto, el inicio de una etapa de construcción y revisión de propuestas, pero no representa todavía la aprobación de reformas ni la conclusión de su trámite legislativo.
El desafío será traducir los planteamientos de especialistas y organizaciones sociales en iniciativas concretas, construir acuerdos entre las fuerzas políticas y definir una ruta parlamentaria que permita avanzar en el fortalecimiento de las instituciones de fiscalización y combate a la corrupción.
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