La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el caso Rocha Moya, derivado de las acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, representa una “prueba de fuego” para demostrar que en México hay políticos honestos y que las instituciones pueden actuar con credibilidad.
“Es la prueba de fuego para que todas las instituciones demuestren que somos un país confiable”, sostuvo la legisladora.
Añadió que los señalamientos deben investigarse sin encubrimientos, en concordancia con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. También subrayó que cualquier servidor público bajo investigación internacional debe enfrentar un proceso objetivo que, de acreditarse responsabilidad, derive en sanciones conforme a la ley.
En ese contexto, enfatizó que la reputación pública es un elemento central para un gobernador en funciones. Agregó que por eso resulta obligado aclarar las imputaciones con transparencia, ante la ciudadanía y frente a un entorno de alta exposición internacional.
Prueba de fuego Rocha Moya y presión sobre la credibilidad del Estado
López Rabadán advirtió que el caso Rocha Moya trasciende el ámbito interno y coloca a México bajo una presión directa en materia de confianza institucional, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde la certidumbre jurídica y la integridad de los funcionarios públicos son factores determinantes.
Señaló que el país debe acreditar que cuenta con funcionarios confiables, sin vínculos con el crimen organizado, y con capacidad para responder a señalamientos de alto impacto internacional. Al mismo tiempo, llamó a no minimizar las acusaciones ni permitir que este tipo de casos se normalicen dentro de la dinámica política.
“No debemos normalizar ni las acusaciones ni los señalamientos”, advirtió.
Insistió en que existe una necesidad urgente de preservar el prestigio institucional. Asimismo, de garantizar respuestas claras ante cuestionamientos que involucran posibles nexos entre poder político y estructuras criminales.
Reforma electoral en puerta y posible periodo extraordinario
En paralelo, la legisladora informó que la Cámara de Diputados podría convocar a un periodo extraordinario si hay acuerdo entre las fuerzas políticas, con el objetivo de analizar una reforma constitucional en materia electoral vinculada a la elección del Poder Judicial.
Explicó que la propuesta busca modificar el calendario actualmente previsto para 2027 y trasladarlo a 2028. Aclaró que eso implicaría ajustes en los tiempos legislativos y en la ruta de aprobación. El proceso deberá pasar por ambas cámaras del Congreso y por los congresos estatales, detalló.
El posicionamiento se da en un momento en el que el caso Rocha Moya deja de ser sólo un tema político y se convierte en un punto de presión directa sobre la credibilidad del Estado mexicano.
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