La negativa del gobierno de México a detener y extraditar al exgobernador Rubén Rocha Moya refleja una decisión política que podría tensar aún más la relación con Estados Unidos.
Ante la renuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a entregar a la justicia de Estados Unidos al exgobernador Rubén Rocha Moya, el gobierno de Donald Trump estudia declararlo formalmente prófugo de la justicia, junto con el senador Enrique Inzunza y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, acusados de narcotráfico en contubernio con los hermanos Guzmán Salazar, Los Chapitos.
El Departamento de Justicia presentó cargos en su contra, pero el gobierno mexicano frenó su detención provisional y una eventual extradición inmediata, bajo el argumento —según afirmó Sheinbaum— de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes para ordenar la captura del exgobernador morenista.
Incluso, esta decisión podría derivar en que el Departamento de Justicia ofrezca una recompensa por su localización, mientras el gobierno de Donald Trump endurece su estrategia contra los cárteles mexicanos.
Estatus actual del caso Rocha Moya
- Acusación. El 29 de abril de 2026, una corte federal de Estados Unidos hizo públicos cargos criminales contra el ya exgobernador y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- Respuesta de México. La Fiscalía General de la República (FGR) analizó la solicitud y concluyó que las evidencias presentadas inicialmente eran insuficientes para proceder con la captura inmediata conforme a la legislación mexicana.
- Situación jurídica. Al no ejecutarse la orden de captura ni concretarse la extradición, el gobierno estadunidense valora declararlo prófugo de la justicia.
- Implicaciones políticas. A juicio de la autora, la protección brindada a Rocha Moya podría evidenciar un presunto contubernio entre el político sinaloense y funcionarios o exfuncionarios de alto nivel vinculados con Morena.
Sheinbaum: protección al legado de López Obrador
Este sábado 27 de junio se cumplieron 60 días desde que Estados Unidos presentó a México la solicitud de detención con fines de extradición, sin que hasta ahora el gobierno de México haya procedido a detener a los acusados ni iniciado investigaciones en su contra.
Esta inacción podría responder más a consideraciones políticas —por tratarse de militantes de Morena— que a la supuesta insuficiencia de pruebas argumentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Sinaloa prevalece la versión de que el gobernador Rocha Moya y los demás acusados podrían estar ocultos con respaldo del gobierno federal por instrucciones de la presidenta Sheinbaum.
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