La elección judicial por voto popular realizada el pasado 1 de junio, considerada como un éxito por la Presidencia de la República y respaldada por el partido Morena, pasó de los llamados jueces por “tómbola”, a los jueces del “acordeón” y/o del voto blanco.
Ello, toda vez que en octubre de 2024 el Senado de la República llevó a cabo una inédita insaculación o “tómbola”, para elegir los jueces y magistraturas que se renovarían este año y en el 2027.
Previo a la contienda y el mismo día de la jornada comicial, se repartieron miles de “acordeones” con los números de las candidaturas que debían ser apoyadas por el llamado “voto popular”.
Según los resultados oficiales del INE, esos listados coinciden en el caso de la elección de la Corte y los Tribunales de Disciplina Judicial y Electoral, todas ellas candidaturas afines al partido Morena.
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Los posicionamientos
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió la suspensión inmediata de la elección judicial y anunció acopio de pruebas para su litigio internacional contra el Estado mexicano.
Para ello, reúne documentación y evidencia de las irregularidades que le han hecho llegar distintas organizaciones de la sociedad civil, observadores nacionales y actores institucionales.
“La independencia del Poder Judicial no es negociable”, recalcaron en su posicionamiento, al respaldar el informe preliminar de la OEA.
La Misión de Observación Electoral de la OEA, en su informe preliminar sobre la elección judicial, dijo que no es recomendable para otros países de la región replicar el modelo para elegir a ministros, magistrados y jueces.
Además, consideró que tocará a la ciudadanía e instituciones evaluar si el modelo utilizado contribuye a fortalecer los principios fundamentales de administración de justicia o “acaba debilitando los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.
En ese mismo sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil como Somos México anunciaron que interpondrán los recursos jurídicos necesarios para buscar la anulación de la elección, dadas las diversas irregularidades que se presentaron, empezando por los llamados “acordeones” y la inequidad de la contienda.
Las cifras
Esta contienda, en la que se eligieron 881 cargos entre ministros, magistrados y jueces, tuvo un costo de 7 mil 300 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral (INE) había solicitado 13 mil 205 millones de pesos para su organización; sin embargo, el Congreso de la Unión no los autorizó.
Ante ello, se aprobó la instalación de 83 mil 974 casillas seccionales, de las 170 mil casillas previstas, como sucedió en la elección presidencial de 2024.
El abstencionismo
Un total de 99.7 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas, de acuerdo a la Lista Nominal final, pero la votación alcanzó únicamente entre el 12.57% y el 13.32%.
Con cifras dadas a conocer por la “Brigada Antimapache”, conformada por Somos México y organizaciones de la sociedad civil, el 90% de los mexicanos no salió a votar.
“Podemos anunciar que nueve de cada 10 mexicanos desairaron esta farsa de proceso electoral”, informó Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de Somos México, organización que busca constituirse en partido político.
Resaltó que estas cifras son una muestra de que la contienda judicial fue una “maniobra, una trampa y una treta para que un grupo asaltará al Poder Judicial”.
Costo por voto
Conforme a las cifras de participación reportadas por el INE, el costo de cada voto en esta contienda fue de 583 pesos, en comparación con los 206 que tuvo el sufragio de la elección presidencial de 2024, que otorgó un triunfo a la morenista Claudia Sheinbaum y también se renovó el Congreso de la Unión.
Basta recordar que para la elección federal se contó con un presupuesto de 12 mil 428 millones de pesos y participaron cerca de 60.1 millones de ciudadanos, es decir 5 mil millones de pesos más que en la elección judicial.
Para esta elección, cada candidatura costeó sus gastos de campaña, a diferencia de la contienda federal, en la que por ley se le otorgan recursos a los partidos y candidatos para labores de proselitismo.
Voto nulo
El analista político y fundados de Voz y Voto, Jorge Alcocer, criticó los criterios utilizados por las autoridades electorales para clasificar como “recuadros no utilizados”, los votos que fueron anulados de forma intencional durante la contienda judicial.
A su juicio, con esa categoría creada en el 2024 se evita que se contabilicen como votos nulos, a pesar de que en la contienda judicial sumarían cerca de 3 millones, según dijo en el noticiario de Aristegui Noticias.
Voto blanco
En la elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó el triunfo a Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen indígena, se contabilizaron 6.1 millones de votos, esto es, el 5.3%.
Según el 100% de las actas computadas, se tuvo un total de 116 millones 690 mil 139 votos, correspondientes a todos los cargos que estuvieron en juego en esta contienda.
De ellos, entre votos nulos y no utilizados o “en blanco”, suman 26 millones 658 mil 221 votos. Los votos nulos superaron dos a uno el porcentaje que alcanzó Aguilar en esta contienda, de ahí que en redes sociales y la misma oposición lo llamen el candidato del “voto blanco”. La votación quedó de la siguiente manera:
Votos válidos
90 millones 31 mil 918 votos
77.1546 %
Votos nulos
12 millones 604 mil 157
10.8013 %
Recuadros no utilizados
14 millones 54 mil 64
12.0439 %
Voto nulo en las últimas elecciones en México
Elección intermedia del 2021:
3.40%
Presidencia de la República 2024:
2.32%
Elección judicial 2025:
Voto blanco 12.04%
Voto nulo 10.80%
