Con unanimidad de 121 votos, el Senado aprobó una reforma constitucional que fortalece las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y convierte esta dependencia en una supersecretaría con amplias facultades de investigación de delitos y de coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.
La reforma, que modifica y amplía el artículo 21 de la Constitución, se turnó a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación final.
Facultades adicionales de la supersecretaría de Seguridad
De acuerdo con el dictamen, el decreto tiene como propósito consolidar la Estrategia de Seguridad Pública.
Su objetivo es robustecer el combate a la delincuencia y reducir los índices de criminalidad, además de que dotará a la SSPC de las herramientas jurídicas necesarias para realizar investigaciones efectivas.
Entre las principales atribuciones propuestas para la SSPC se encuentran:
- Coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, con autoridad para solicitar y recibir información relevante de las instituciones de seguridad.
- Colaboración con los tres órdenes de gobierno para compartir y consolidar información que ayude a la identificación y esclarecimiento de delitos.
- Responsabilidad en la administración y vigilancia de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y bajo supervisión del Secretariado Ejecutivo.
- Capacidad para definir estándares y lineamientos de actuación en los ámbitos de seguridad pública, con el fin de homologar criterios y prácticas a nivel nacional.
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Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
El proyecto establece que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá la responsabilidad de ampliar y actualizar los acuerdos y lineamientos para garantizar una coordinación eficiente entre las diferentes entidades de gobierno.
Además, éste organismo velará por la transparencia y responsabilidad en el ejercicio de las facultades concurrentes entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
Asimismo, la reforma subraya que la investigación de delitos sigue correspondiendo al Ministerio Público, la SSPC, la Guardia Nacional y las corporaciones de policía de cada entidad, con una coordinación más robusta entre estas instituciones.
