El Senado de la República aprobó un dictamen que redefine el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal y endurece las penas de prisión tanto para el abuso como para las violaciones.
Establece que cualquier acto sexual realizado sin el consentimiento de la víctima constituirá abuso sexual y lo castigará de tres a siete años de prisión, además de una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Las penas representan un marco más severo que el actualmente vigente y buscan responder a la alta incidencia de delitos sexuales en el país.
Las agravantes
El dictamen incorpora una amplia lista de circunstancias agravantes que podrán elevar la pena hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa:
- Con violencia física o moral
- Por dos o más personas
- En lugares despoblados
- Por servidores públicos, ministros de culto, docentes o personas encargadas de cuidados
- Contra víctimas en estado de inconsciencia, bajo sustancias, en embarazo o puerperio
- Por motivos de género, orientación sexual o identidad de género
- Contra personas en situación de vulnerabilidad o defensoras de derechos humanos
En la práctica, estos supuestos podrían llevar las penas por abuso sexual por encima de los nueve años de prisión, dependiendo del caso.
El dictamen también retoma ajustes relacionados con el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, en el cual se prevén penas que pueden ir mucho más allá del rango base cuando se acrediten formas específicas de violencia sexual.
Aunque el documento mantiene la estructura general del artículo, el énfasis está en sancionar de manera más severa a los agresores y eliminar interpretaciones que antes reducían la penalidad.
Otra modificación clave es que el delito se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación aun sin denuncia formal de la víctima.
Esto, combinado con las penas aumentadas, refuerza el carácter punitivo de la reforma: prisión obligatoria, sin posibilidad de minimizar los hechos por supuesta falta de resistencia.
El dictamen introduce talleres de reeducación, servicio social y atención psicológica para la víctima, pero el centro de la propuesta es claro: elevar la responsabilidad penal y aumentar los años de cárcel para quienes cometan abuso o violación.
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