La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos vinculados a presuntas actividades ilícitas, como parte de la estrategia para combatir el lavado de dinero y debilitar a la delincuencia organizada.
“Se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos y nadie se ha quejado”, afirmó la mandataria, al destacar que estas acciones forman parte del seguimiento a los recursos financieros de grupos delictivos.
La declaración se da en el contexto de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la facultad de la UIF para inmovilizar cuentas sin necesidad de una orden judicial previa, una atribución que, según Sheinbaum, ya existía pero había sido limitada por criterios anteriores del Poder Judicial.
El papel de la UIF y el combate a las finanzas criminales
“La UIF siempre ha tenido esta facultad… lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones”, explicó.
Añadió que la función del organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, es investigar operaciones financieras para evitar el lavado de dinero, tanto por corrupción como por delincuencia organizada o de “cuello blanco”.
La presidenta subrayó que atacar las finanzas criminales es una de las vías más efectivas para reducir la violencia. “La mejor manera de combatir la delincuencia organizada es seguirle la pista al dinero… congelar el dinero”, señaló.
Asimismo, rechazó que la medida afecte de manera arbitraria a particulares. “Ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley o con motivaciones políticas”, sostuvo.
Cambios en las suspensiones y derecho a amparo
Sheinbaum explicó que, anteriormente, cuando la UIF inmovilizaba cuentas, los implicados podían obtener suspensiones inmediatas mediante amparos, lo que permitía retirar los recursos.
“Se daba la suspensión automática, se sacaba todo el dinero de la cuenta y el trabajo quedaba prácticamente inhabilitado”, indicó.
Con el nuevo criterio judicial, las personas afectadas mantienen el derecho a impugnar la medida, pero sin suspensión automática. “Si alguien considera que es injusto, puede presentar un amparo… y en un máximo de seis meses se resuelve”, detalló.
La mandataria enfatizó que esta modificación busca equilibrar la protección de derechos con la eficacia en el combate al crimen. “Mientras tanto, se inmovilizan recursos que son utilizados por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco”, dijo.
Prácticas internacionales y la estrategia de pacificación
Comparó el esquema mexicano con prácticas internacionales. “En Estados Unidos lo hace la policía… y hay países europeos, como Italia, que también tienen estas capacidades”, apuntó.
Por último, la presidenta reiteró que fortalecer a la UIF forma parte de la estrategia para pacificar al país. “Tenemos que darle al Estado mexicano las capacidades necesarias para disminuir al máximo la violencia”, concluyó.
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