No sé usted, amable lector, pero yo observo con inquietud cómo, una vez más, el poder utiliza el lenguaje de la soberanía y la justicia para justificar el avance del autoritarismo.
La llamada «nueva» reforma en telecomunicaciones, presentada por el Ejecutivo federal, es otra versión de sus conocidos impulsos por controlar la información, someter a los medios y silenciar voces críticas. Es una contrarreforma. Da sustento jurídico a una estructura de centralismo político de control mediático sobre ese poder que suma al ya muy vasto avance de su estrategia propagandista por medios y con recursos del Estado, la del partido y la del propio movimiento.
Esta iniciativa, disfrazada de modernización digital y combate a la desinformación, representa en realidad un retroceso de décadas, una traición profunda al movimiento amplio, plural y democrático del cual el actual régimen político se alimentó para llegar al poder.
Pienso, como muchos ciudadanos comprometidos con la democracia, que esta propuesta no sólo es innecesaria, sino peligrosa. Se presenta en un contexto geopolítico convenientemente alterado por los mensajes xenófobos del gobierno estadunidense, utilizados como pretexto para justificar una reforma que no se atrevieron a tocar durante el primer sexenio morenista. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, si realmente se trataba de corregir una ley imperfecta heredada del Pacto por México?
Contrarreforma que revive al priismo hegemónico
La respuesta es clara: porque la urgencia no era corregir, sino controlar. La creación de una Agencia Digital con poderes extraordinarios para bloquear plataformas, censurar contenidos y sancionar medios sociales, representa una regresión autoritaria que nos remite a los días más oscuros del priismo hegemónico. En aquellos tiempos, la línea editorial se dictaba desde Los Pinos y las concesiones se otorgaban a cambio de lealtad. Hoy, la retórica es otra pero los métodos son inquietantemente similares.
Lo más alarmante no es sólo lo que propone la ley, sino el modo en que se pretende aprobarla: al vapor, sin discusión pública, sin escuchar a los especialistas, sin permitir el debate parlamentario profundo que una reforma de esta magnitud exige. ¿De qué clase de democracia hablan si ni siquiera tienen el pretexto de un mandato popular comprometido en las urnas durante su campaña?
Esta reforma en telecomunicaciones, que algunos han calificado como una “respuesta justa” a la “infodemia”, encubre un acto de censura institucionalizada. Sí, vivimos tiempos complejos donde la información puede ser usada con fines nocivos, pero la respuesta democrática no puede ser el silencio impuesto ni el control vertical. La respuesta debe ser más transparencia, más educación mediática, más participación ciudadana. Incluso, la permanencia y el fortalecimiento del propio órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cual sustituye la Agencia subordinada al Ejecutivo.
Cuando observo que se plantea dar a esta Agencia la potestad de ordenar bloqueos sin orden judicial, de intervenir en concesiones sociales, de regular redes sociales con criterios discrecionales, no puedo sino pensar en regímenes donde la censura es ley y la crítica es delito. No estamos hablando de un simple ajuste técnico. Estamos ante una inminente transformación estructural del ecosistema comunicativo mexicano, una que atenta contra principios fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el acceso equitativo a la tecnología.
Me preocupa, además, la intención del Estado de convertirse en proveedor de internet. Bajo la bandera de “llevar conectividad a todos”, se esconde la posibilidad de una red controlada, vigilada, intervenida por criterios políticos y no técnicos. Esta medida, lejos de promover la competencia, la destruye; lejos de garantizar derechos, los condiciona.
Timo disfrazado de reforma, regresión al autoritarismo
Insisto: esta reforma en telecomunicaciones no es una modernización democrática. Es una regresión autoritaria. Es la superación del viejo sueño de los gobiernos mexicanos de controlar la narrativa, ahora revestido de discurso progresista. Es un intento de colonizar el espacio digital con lógicas de subordinación y miedo.
La historia reciente nos enseña que los gobiernos que concentran el poder comunicativo terminan por sofocar la crítica y alimentar el dogma. Lo vimos en Venezuela, en Nicaragua, en Turquía. Y ahora, con esta iniciativa, temo que estemos viendo el primer paso hacia esa deriva en México.
Como ciudadano, pienso que este momento exige valentía. No se trata de una disputa entre partidos, sino entre dos visiones de país: una que cree en la deliberación abierta, en el disenso, en la crítica como motor de cambio, y otra que ve en la opinión libre una amenaza a su estabilidad.
Quiero subrayar, con toda claridad, que esta propuesta representa una traición. Una traición a los cientos de colectivos, periodistas, académicos, activistas, usuarios de redes, movimientos ciudadanos y defensores de derechos digitales que durante más de cinco décadas lucharon por construir un modelo de comunicación más justo, más plural, más libre. Fue ese movimiento el que, en su momento culminante, exigió la autonomía del IFT, el que promovió el acceso libre a internet, el que denunció la concentración mediática. Fue ese movimiento el que, con sus luchas, hizo posible que un nuevo partido llegara al poder con el compromiso de transformar para mejorar, no de traicionar.
Hoy, ese mismo partido, desde la comodidad del poder, ha traicionado una vez más a quienes lo llevaron al poder. Y lo hace bajo el discurso de protegernos de amenazas externas, de defendernos del odio y la manipulación. No se engañen. Lo que está en juego no es la ética informativa, sino el control del relato.
Por eso, llamo a resistir. A informarse, a debatir, a exigir que no voten sin leer, sin consultar, sin pensar. La democracia no se construye desde la imposición, sino desde el acuerdo, la pluralidad y el respeto a los derechos.
Y sí, esta reforma en telecomunicaciones es mucho más que una ley técnica. Es un parteaguas. La pregunta es: ¿nos someteremos al silencio impuesto o defenderemos el derecho a disentir?
Yo, por mi parte, elijo hablar. ¿Y usted?
* Renán Martínez Casas. Comunicólogo.
Colaborador de opinión de la agencia mexicana de información AMEXI, científico social dedicado a la comunicación aplicada especialista en diseño y ejecución de estrategias de comunicación con grupos reducidos de población y a la transferencia de conocimiento especializado en comunicación para empresas, organismos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil. Es periodista analista de medios, comunicador comunitario y Consultor-Director de la agencia Signos y Sentidos, comunicación estratégica, creador del concepto comunicación axiomática de transferencia de conocimiento en esa materia.
