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os escándalos del INE concluyeron en esta etapa con la designación de una consejera presidenta interina: Blanca Yassahara Cruz García. La elección se decidió por unanimidad de los integrantes del Consejo General del INE, lo que refleja que dicho instituto debe retornar a las decisiones colegiadas y los acuerdos.
En este proceso le toca ahora a la Cámara de Diputados determinar quién será la consejera presidenta del INE —porque va a ser una mujer— hasta el año 2032.
Ya circula por ahí el borrador del mecanismo mediante el cual se realizará este importante proceso. Después de revisar todos los perfiles, estos serán sometidos a una minuciosa revisión, de la cual se seleccionarán los cinco mejores.
Es aquí donde viene uno de los puntos más difíciles, pues será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja la que deba impulsar acuerdos entre los partidos para proponer al perfil que ocupará la presidencia del INE. Los coordinadores de las bancadas del oficialismo —Morena, PT y PVEM— no se han caracterizado por sacar mediante el consenso sus iniciativas, así que la negociación se antoja como un camino lleno de piedras y obstáculos, así como de álgidos debates.
En la designación final se necesitará el voto de dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Y claro que eso lo tiene asegurado el partido guinda y sus rémoras.
La consejera presidenta y la tómbola guinda
Y es aquí donde se presenta otro problema que, para evitarse, requiere del consenso entre las diversas fracciones parlamentarias representadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
En el caso de que no hubiera acuerdo entre los diputados, entonces se echaría mano de un recurso inventado por Morena y utilizado en las fallidas elecciones del Poder Judicial, de donde salieron los famosos “ministros del acordeón”. Se trata de la insaculación o tómbola, que no es otra cosa que elegir por sorteo o tómbola a quien ocupará la titularidad del INE, con base en la lista integrada por el comité evaluador.
Este método es una poderosa herramienta a través de la cual el oficialismo puede hacer trampa —como es su costumbre— para favorecerse y lograr que la nueva consejera presidenta del INE sea una persona totalmente a modo y subordinada a esta errada y llamada Cuarta Transformación, ahora en su segundo piso.
Debido a lo anterior, resulta hasta ridículo que la presidenta Claudia Sheinbaum haya salido a su gustadísima “Mañanera del Pueblo” a tratar de engañar y deslindar a su partido de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para decir —sin que tenga relación alguna— que deben investigarse gestiones anteriores, como la de Lorenzo Córdova Vianello, quien ya le respondió a la presidenta que ha sido objeto de auditorías sin que le hayan encontrado nada, para desgracia de la inquilina de Palacio Nacional.
Desmarcar a Morena del escándalo no le va a servir de mucho a Sheinbaum Pardo, porque es bien sabido que el partido guinda finalmente logró colocar a una de las cinco aspirantes a la presidencia del INE en la elección pasada.
La negociación pendiente en San Lázaro
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal fue muy cuidadoso en subrayar que, “si no ocurre nada en el trayecto del tiempo”, algún enfrentamiento, contratiempo u obstáculo en el proceso legislativo para designar a la nueva consejera presidenta del INE, se espera que pueda haber un acuerdo en San Lázaro. ¿Será?
Monreal estimó que entre el 6 y el 7 de diciembre quedará definido quién ocupará el puesto de consejera o consejero presidente del organismo encargado del arbitraje electoral.
No hay que soslayar que mañana, a las nueve de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro comparecerá el titular de la Unidad de Control Interno del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras. Tendrá que dar una serie de explicaciones que, de plano, no acierta a dar y opta por correr para alejarse de la posibilidad de dar respuestas que no tiene. Y eso se verá mañana.
Municiones
*** La senadora Verónica Rodríguez Hernández, en nombre del PAN, presentó una iniciativa para reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los nombramientos, especialmente los de quienes manejan los contratos y el dinero, no sean facultad de la presidencia y se requieran ocho de los 11 votos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su aprobación. Desde ahorita se puede pronosticar que Morena y sus rémoras tratarán de frenar esta iniciativa.
Este artículo expresa exclusivamente la opinión de su autor y no representa necesariamente la postura editorial de AMEXI.
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