Tras el suceso en el palenque de Texcoco, Estado de México, el pasado 11 de abril, cuando los asistentes al concierto del cantante de corridos Luis R. Conriquez se apoderaron del escenario expresando su malestar por la negativa a interpretar narcocorridos debido a ciertas restricciones vigentes en esa entidad, el debate sobre el prohibicionismo musical volvió a encenderse.
Días antes, el 8 de abril, el diputado federal de Morena Arturo Ávila Anaya, propuso una adición al artículo 208 del Código Penal Federal. Fue publicada el 9 de abril en la Gaceta Parlamentaria. Su propuesta se enfoca en limitar la apología del delito en productos culturales.
El artículo mencionado ya plantea que:
“Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.”
La adición que Ávila propone complementaría ese párrafo estableciendo que:
“quien en obras culturales, tales como películas, series de televisión, música, literatura, obras de teatro, videojuegos, o cualquier otra forma de expresión artística o mediática, realice apología de delitos, es decir, promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas de manera que favorezca su imitación o incite a la audiencia a llevar a cabo tales actos, será sancionado, sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de tales contenidos.”
Narcocorridos, entre la censura y el consenso social
Aún con esa propuesta por discutir en San Lázaro, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina del 14 de abril ─a partir de lo sucedido en Texcoco─ que no habría prohibiciones. Dijo que lo que debe hacerse es ir “construyendo [un] consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia”.
Con esto se hará frente a las “canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico (…) como si acercarse a un grupo delictivo, de la delincuencia organizada, fuera una opción de vida para los jóvenes (…) Nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir construyendo esta consciencia colectiva de que [eso] no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica a la venta de droga o a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia… esa es nuestra posición y ya depende de cada municipio, de cada estado”
(https://acortar.link/mzIPrj).
Por su parte, el gobernador de Sinaloa ─una de las entidades de donde han surgido una gran cantidad de exponentes del subgénero─, Rubén Rocha Moya, se pronunció el 21 de abril en contra de la prohibición de esa música. Dijo que lo que se tiene que hacer es, “a través de las instituciones, formar una cultura de rechazo a los fenómenos antisociales, ese fenómeno de apología al delito, al delincuente, lo tenemos que combatir con el rechazo cultural, que lo debemos formar en las instituciones”. Para eso, según él, “está la educación, para eso está el deporte, para eso está la cultura, para eso está todo eso”.
(https://acortar.link/BcDEFe).
Actualmente, según la revista Proceso, las entidades donde se han emitido decretos que prohíben los narcocorridos son Michoacán y Nayarit. Algunos municipios que han aplicado restricciones al respecto son Tijuana, Baja California; Cancún, Quintana Roo y Chihuahua. Otros Estados con propuestas restrictivas recientes, que no han alcanzado el grado de decretos o leyes pero sí de exhortos de las administraciones estatales, son Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y el Estado de México.
Esas propuestas van desde simples impulsos para que los municipios impidan espectáculos que incluyan imágenes o menciones a actividades ilícitas hasta proyectos de reforma de los reglamentos municipales, estableciendo sanciones administrativas o penales, dependiendo el caso.
Cuando la represión musical fracasa
Hay ejemplos históricos relativamente recientes de prohibicionismo musical, directo o indirecto, que destacan por su estrepitoso fracaso. A finales de la década de los sesenta, el gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, si bien no prohibió formalmente la música rock, sí impulsó medidas represivas a nivel político y cultural que criminalizaban a la juventud rockera. Three Souls in My Mind, a propósito de ello, cantaba:
Vivir en México es lo peor,/ nuestro gobierno está muy mal,/ y nadie puede protestar,/ porque lo llevan a encerrar…/ y las tocadas de rock,/ ya nos las quieren quitar,/ ya sólo va a poder tocar,/ el hijo de Díaz Ordaz.
Dicha contravención avanzó con el gobierno de Luis Echeverría, cuando en 1973 prohibió formalmente los conciertos de rock a nivel multitudinario y en bares, así como la reproducción de canciones del género en la radio. Esa música y quienes la tocaban no hicieron más que ganar prestigio y convertirse en emblemas de rebeldía.
Si bien los narcocorridos no tienen un contenido político explícito, como sí lo tuvieron muchas de las producciones musicales rockeras de la mencionada época, sí lo tienen de forma implícita, digámoslo, inconsciente. Entendiendo ahí lo político como una forma de estar en la sociedad y de posicionarse frente a ella.
Muchas de las personas que escuchan los narcocorridos, especialmente los jóvenes, encuentran en ellos, en sus relatos, un reservorio de fantasías que moldean una forma de goce ante una sociedad que se percibe plagada de fastidio, que los hace sentir vulnerables.
Condiciones materiales y goce simbólico
A nivel nacional, la media salarial formal de profesionistas y técnicos durante el tercer trimestre de 2024 fue de 8 mil 750 pesos mensuales para hombres y 7 mil 420 pesos para mujeres. En lo informal es de 6 mil 160 pesos para hombres y 4 mil 860 pesos para mujeres. La escolaridad promedio para acceder a puestos de trabajo con esos salarios es de 14.7 años, según datos que ofrece la Secretaría de Economía.
Se trata de empleos altamente precarios e inestables, donde los abusos laborales son el pan de cada día.
En el sector educativo el salario promedio de las y los docentes de educación media y superior es de 11 mil 100 pesos para hombres y de 9 mil 180 pesos para mujeres. En la informalidad es de 5 mil 570 pesos y 5 mil 550, respectivamente. El promedio de años de escolaridad para ocupar una plaza docente es de 17.5; eso, si se puede llegar a ocuparlas, lo cual actualmente es bastante difícil, aunque se tenga uno o varios posgrados, sobre todo en las instituciones de educación pública.
A ello hay que sumar que una vez dentro, los entornos laborales que configuran los cacicazgos y las castas doradas educativas ─estructuras que, me atrevería decir, están presentes en la mayoría de las instituciones educativas en México- son sumamente hostiles, llenos de injusticias, humillaciones, represión, precariedad y superexplotación del trabajo docente.
Narcocorridos, una vía de escape fantasioso
Mucha gente que escucha narcocorridos tiene empleos legales y no se involucra en la generación de narcoviolencia. Vive las situaciones de opresión que esta sociedad capitalista les impone, pero para ellos el narcocorrido es una vía de escape fantasioso, impregnada de cierta épica. Siguiendo a León Trotsky, podemos decir que el arte es una de tantas manifestaciones de la realidad social, una práctica que tiene un entrelazamiento con los momentos y procesos históricos, sean estos conscientes o inconscientes.
Para quienes deciden integrarse a las filas del paramilitarismo ligado al narco ─en sus distintos niveles de intervención, sean de vigilancia o ejecución de acciones de armas, por mencionar sólo algunos─ o a cualquier otra de las actividades ligadas a la producción y trasiego de sustancias psicoactivas ilegales, no es el arte de los narcocorridos el elemento definitorio de esa decisión. Lo son las condiciones materiales de una sociedad que, en su dimensión legal, no ofrece nada de atractivo. Una sociedad de la que, en ese nivel, no se percibe que ofrezca una vida que valga la pena de ser vivida.
Según datos del medio Vanguardia ─que deben ser tomados con cierta reserva─, el salario mensual de un sicario oscila entre 10 mil y 12 mil pesos mensuales.
No es gran cosa, pero es una actividad que permite al interesado o interesada acceder a espacios sociales que, hipotéticamente, revelan verdades ajenas para las amplias mayorías y se perciben como las vías para obtener respeto e infundir temor, factores ampliamente valorados para personas que se sienten vulneradas por el statu quo de la legalidad.
Amén de que, en algunas partes del país, al narcotraficante o paramilitar se le percibe como cierto bandido social, entendido esto como lo definía Eric Hobsbawm, es decir, como un personaje fuera de la ley, a quien el Estado considera criminal, pero que permanece enlazado a ciertos segmentos sociales/populares, y los suyos lo consideran héroe, paladín, vengador. Un luchador por una forma de justicia fáctica muy particular, un líder que encarna alguna especie de liberación, una persona a la cual admirar, ayudar y apoyar. El famoso narcocorrido titulado “Sanguinarios del M1”, publicado en 2011, refleja esto en una de sus estrofas, en cuyo video aparecen imágenes de Pancho Villa y del zapatista sinaloense Juan M. Banderas.
(https://acortar.link/isYqeK),
Narcocorridos, una fantasía arraigada en la sociedad
Con esto no quiero decir que los narcos sean bandidos sociales ─de hecho, objetivamente pertenecen con peculiaridad al status quo, son una forma de burguesía que oscila entre la legalidad y la ilegalidad, tomando en cuenta las prácticas del lavado de dinero─, ya que hay condiciones históricas particulares para el advenimiento del bandolerismo social, las cuales no se cumplen en el fenómeno en cuestión. Sin embargo, sí hay ciertos rasgos de esas figuras que son percibidos en las potentes fantasías colectivas que se construyen en torno a ellas, las cuales encuentran un campo bastante fértil en las condiciones histórico-culturales de la sociedad mexicana actual.
En una sociedad como en la que vivimos, ninguna intervención educativa y/o cultural gubernamental ─cuyo planteamiento sería otra forma de fantasía mojigata e hipócrita, dado los personajes ligados al narco que la pregonan, como Rubén Rocha Moya─ podrá hacer frente al acoso de esas fantasías y a los goces que de ellas emanan.
