Por Renán Martínez Casas
Hay momentos en los que uno siente que algo no encaja, que piezas dispersas, aparentemente desconectadas empiezan a formar un patrón inquietante. No lo vemos al principio. Es sutil. Pero, si prestamos atención, si nos damos el tiempo de observar con cuidado, el dibujo aparece. No es paranoia. Es un rompecabezas. Y este que hoy les comparto es uno peligroso: el andamiaje legal que está construyendo el régimen mexicano para vigilarnos a todas y todos, sin contrapesos ni límites.
Quienes hemos seguido con preocupación las recientes decisiones del Congreso sabemos que no se trata de una sola “ley espía”. No. Son cinco leyes —cinco piezas— que, al encajar entre sí, configuran un sistema de vigilancia masiva que pone en riesgo derechos fundamentales, empezando por la libertad de expresión.
Las autoridades han querido vendernos estas reformas como necesarias para la seguridad, para combatir la delincuencia o para buscar desaparecidos. Pero no se equivoquen: en su arquitectura, lo que vemos es otra cosa. Vemos un Estado que se dota de herramientas para saber qué hacemos, dónde estamos, con quién hablamos, sin necesidad de una orden judicial. Vemos un poder sin freno. Y eso, amigas y amigos, es incompatible con una democracia viva.
Primera pieza: CURP biométrica y la Ley General de Población
Esta ley obliga a todas las personas a contar con una CURP biométrica para acceder a cualquier servicio público o privado. No es sólo una clave, es una llave maestra que concentra tus huellas, tu rostro, tu identidad entera. Imagina que para inscribirte a la escuela, ir al médico, sacar una cuenta bancaria o contratar un teléfono, tu identidad biométrica sea el pase obligatorio.
Y ahora imagina que toda esa información puede ser consultada por el gobierno sin orden judicial. ¿A quién viste? ¿Dónde estuviste? ¿A qué hora entraste al hospital? ¿Qué compraste? Todo queda registrado. Todo se puede saber.
Esto no sólo viola el derecho a la privacidad. También socava la libertad de expresión, porque genera miedo. Miedo a opinar, a reunirse, a disentir, por temor a estar siendo vigilado.
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Segunda pieza: Plataforma Única de Identidad y la Ley en Materia de Desaparición Forzada
Esta ley, con el pretexto legítimo de combatir la desaparición forzada, crea una Plataforma Única de Identidad. A través de ella, el gobierno podrá monitorear todos los usos de la CURP biométrica. La intención declarada es ayudar en la identificación de personas desaparecidas, pero la realidad es que se construye una base de datos centralizada, sin controles ni candados, susceptible de ser usada con fines muy distintos.
¿Quién controla el acceso a esta plataforma? Nadie. ¿Se necesita autorización judicial? Tampoco. ¿Puede ser utilizada para vigilar activistas, periodistas, personas críticas al gobierno? Claro que sí. Lo vimos con Pegasus. Lo hemos vivido antes.
Y entonces, uno se pregunta: ¿qué pasa cuando se usan los instrumentos de justicia para la injusticia? ¿Cuándo un sistema pensado para ayudar, se convierte en uno que vigila, que intimida, que controla?
Tercera pieza: Interconexión de datos y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia
Aquí es donde el rompecabezas empieza a tomar forma. Esta ley ordena la interconexión de bases de datos públicas y privadas. Es decir, tus datos fiscales, tus movimientos bancarios, tu historial médico, tu matrícula escolar, tus registros vehiculares, todo estará disponible para el gobierno, sin que tú lo sepas y sin que un juez lo autorice.
Esto no es exageración. Es letra escrita. Ningún filtro, ninguna revisión judicial, ninguna notificación. El Estado podrá armar tu perfil completo, tus rutinas, tus hábitos, tus círculos de confianza.
Y aquí lo grave: si no hay controles, si no hay transparencia, si no hay límites, la vigilancia se convierte en herramienta de persecución. Y no me refiero a crímenes reales. Me refiero a perseguir ideas, voces, opiniones. A disuadir el disenso. A castigar la crítica.
¿Queremos una sociedad en la que pensar distinto se vuelva un riesgo?
Cuarta pieza: Plataforma Central de Inteligencia y la Ley de Inteligencia
Con esta ley, se consolida la Plataforma Central de Inteligencia, que permite al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional —ya abiertamente militar— acceder sin restricciones a toda la información conectada.
Sí, lo leyeron bien: militares, con acceso a datos civiles, sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin supervisión judicial. Estamos hablando de una militarización digital de la vida cotidiana. Una Guardia Nacional que no sólo patrulla las calles, sino también nuestros dispositivos, nuestros datos, nuestras vidas.
Una vez más, se invierte el sentido democrático: el poder que debía estar vigilado, ahora es el que vigila. El Estado, que debía proteger, ahora se arma para observar y controlar.
No es casualidad que se excluya a los jueces del proceso. No es un descuido, es una decisión política. Porque los contrapesos estorban cuando lo que se quiere es el control total.
Quinta pieza: líneas telefónicas, geolocalización y la Ley de Telecomunicaciones
La última pieza de este rompecabezas es quizás la más familiar, pero no por ello menos peligrosa. Esta ley obliga a las empresas de telefonía a vincular cada línea con una CURP biométrica. De no hacerlo, se cancela el servicio.
Esto no sólo afecta el derecho a la comunicación. También convierte nuestros teléfonos en rastreadores. Toda llamada, toda ubicación, todo mensaje puede ser monitoreado, sin que lo sepas y sin que lo autorice un juez.
¿Recuerdan cómo se usaron estas capacidades en el pasado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos? Pues ahora será legal, pero no por eso legítimo.
Si cada teléfono está vinculado a una identidad biométrica, ya no hay anonimato posible. Y sin anonimato, la libertad de expresión se asfixia. Porque hay contextos —y el nuestro es uno— donde hablar requiere protección, donde opinar necesita resguardo, donde callar se vuelve una forma de sobrevivir.
Cinco piezas, una sola amenaza
Lo he dicho antes y lo repito ahora: no se trata de una ley aislada, sino de un diseño legal y político que busca controlar, vigilar y someter. Cada pieza por separado ya era preocupante. Juntas, son alarmantes.
Estamos frente a un modelo de Estado que asume que todos somos sospechosos. Que normaliza la vigilancia masiva. Que desplaza la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Que debilita la democracia en nombre del orden.
Y la pregunta inevitable es: ¿quién vigila a los que nos vigilan?
No es el futuro, es el presente
Lo más inquietante es que todo esto ya está aprobado. No es una amenaza lejana. Es ley. Es ahora. Y si no hacemos algo, será costumbre. Y si se vuelve costumbre, será más difícil desmontarlo.
Yo no escribo estas líneas desde el temor, sino desde la solidaridad. No como experto, sino como ciudadano. Como alguien que quiere seguir hablando, escribiendo, participando.
Defender la libertad de expresión no es un lujo de periodistas o intelectuales. Es una necesidad colectiva. Porque sin ella no hay denuncia, no hay protesta, no hay propuesta. Sin ella, la democracia se marchita.
Debemos difundir esta información. Que más personas sepan lo que está en juego. Que se hable de esto en las casas, en las escuelas, en los trabajos. Que la indignación no se apague en el silencio.
Tenemos que organizarnos. Sumarnos a las campañas de las organizaciones que han levantado la voz: R3D, Artículo 19, Fundar, y muchas más. Apoyar, compartir, exigir.
Pero lo más importante es no normalizar el abuso. No justificar lo injustificable. No resignarnos. No perder la capacidad de asombro ni la de respuesta.
Este rompecabezas no está terminado. El régimen tiene aún piezas por colocar. Pero nosotros también. Cada palabra dicha, cada artículo escrito, cada protesta organizada, cada voz que se suma, es una pieza nuestra en defensa de lo común.
No nos dejemos engañar. No es seguridad, es control. No es prevención, es vigilancia. No es legalidad, es autoritarismo.
Todavía estamos a tiempo de impedir que se complete el dibujo que ellos pretenden. Porque si lo logran, si dejamos que se arme entero este rompecabezas, el precio será demasiado alto: nuestra libertad. Nuestra privacidad. Nuestra voz.
Y eso, ni tú ni yo podemos permitirlo.
