Este 1 de septiembre, los 500 nuevos diputados y 128 senadores que conforman la Nueva Legislatura tomaron protesta e instalaron el primer periodo de sesiones, que avanzará durante un mes para el desglose del último informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El 1 de octubre se tomará protesta a la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Además, esta nueva legislatura llega como parte del llamado Plan C del Presidente saliente, con el objetivo de aprobar en estos primeros días un paquete de reformas constitucionales y algunas leyes secundarias, que ya no serán discutidas en comisiones, ya que la legislatura saliente las dejó listas para que pasen directamente al Pleno.
En este contexto, dado que el Congreso de la Unión es uno de los aparatos gubernamentales más costosos que los trabajadores y el pueblo de México sostenemos, cabe preguntarnos: ¿Realmente los nuevos diputados representan los intereses populares y los senadores la soberanía de los Estados?
¿A quiénes representan en realidad los legisladores?
Este cuestionamiento surge porque la propia Constitución Mexicana les asigna la categoría de representantes populares, a pesar de que históricamente, igual que otras instituciones mexicanas, los diputados y senadores han estado al servicio de empresarios, banqueros e inversionistas extranjeros.
En los últimos 40 años, el hoy moribundo Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo la mayoría en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Durante los dos periodos presidenciales del ultraderechista Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2012), las discusiones se agudizaron debido a fuertes diferencias entre los grandes ricos del país.
Estos diputados y senadores, bajo los gobiernos del PRI y del PAN, junto con el desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), sentaron las bases legales e institucionales de un Estado totalmente neoliberal. Avalaron la privatización de empresas estatales e impusieron las llamadas reformas estructurales, las cuales siguen vigentes.
En las últimas dos Cámaras de Diputados y en la Cámara de Senadores, bajo la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), prácticamente no hubo una agenda legislativa propia, solo la que venía de la oficina de la Presidencia de la República. Desde la oficina de AMLO, no se presentó ninguna propuesta para desmontar la estructura neoliberal de las instituciones mexicanas ni abrogar las reformas estructurales, que continúan vigentes.
El papel histórico de la nueva legislatura en México
La nueva legislatura, con mayoría absoluta de MORENA, también llega sin una agenda legislativa. Los ahora diputados y senadores de MORENA y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el ultrareaccionario Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la campaña, solo se dedicaron a derrochar millones de pesos del erario público, a corear y repetir las frases del presidente saliente, y a decir que impulsarán la continuidad de la autodenominada Cuarta Transformación.
De esta manera, los 628 legisladores parecen estar ahí únicamente para aprobar el llamado Plan C, dictado por AMLO el pasado 5 de febrero, y la reforma al poder judicial, negociada con las altas cúpulas empresariales y los capitales extranjeros, a pesar de que este mecanismo no es reconocido oficialmente.
Es importante destacar que en el denominado Plan C no hay propuestas del gobierno actual ni de MORENA para desmantelar o abrogar las reformas estructurales impuestas por el PRI, PAN y PRD. De hecho, varias propuestas siguen la misma línea de avanzar en el adelgazamiento del Estado mexicano, eliminando varias de sus instituciones.
La Cuarta Transformación: ¿Realmente Transformadora?
Las instituciones anteriores y actuales se crearon para que la clase dominante en nuestro país sostenga su dictadura sobre los trabajadores y el pueblo. Sin embargo, es crucial identificar el papel histórico de esta legislatura y el extremo sometimiento al que las últimas dos legislaturas llevaron al poder ejecutivo, fortaleciendo un presidencialismo sin límites.
Mientras tanto, la cerrazón de toda la autodenominada 4T para atender las demandas de los trabajadores es monumental. No se legisla sobre temas urgentes que están planteados en las calles y en la agenda del movimiento obrero y popular, como el derecho humano al agua y electricidad, la abrogación de la mal llamada reforma educativa, el retorno al sistema solidario de jubilaciones, el pago de pensiones en salarios mínimos en lugar de en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), la implementación de una semana laboral de 40 horas, y otras propuestas exigidas a los legisladores desde hace años.
Todo parece indicar que esta nueva legislatura pasará a la historia como un mero corifeo de la presidencia de la república, cada vez más alejada de la representación popular. La única forma de enfrentar esta actitud es a través de la lucha en las calles.
Así se perfilan los senderos de lucha por la defensa de nuestros derechos políticos y laborales.
