Secretarios generales de una veintena de sindicatos de universidades públicas, e instituciones de educación media superior dirigieron una carta pública a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que le proponen un plan estratégico para la recuperación salarial de los trabajadores.
Esta misiva pública la suscriben sindicatos de trabajadores, docentes, de investigación, técnicos y administrativos de las universidades públicas federales, estatales, de apoyo solidario, universidades interculturales, e institutos y subsistemas de educación media superior.
En el manifiesto que hicieron público, las organizaciones sindicales aseguran que es indispensable un proyecto presupuestal multianual, de por lo menos cinco años, para salir de la “crítica situación financiera, salarial y estructural que enfrenta el sector educativo” del país.
Desde 1982 el salario de los trabajadores del sector perdió alrededor de 78% de su valor adquisitivo
Los representantes de los trabajadores del sector educativo aseguran que el financiamiento para el rubro se administró bajo la lógica neoliberal, mediante la aplicación de “topes salariales inerciales por debajo del costo real de vida”.
Esto “provocó una pérdida acumulada del poder adquisitivo de entre 77.26% y 78.26% en los niveles operativos e iniciales. Mientras que en 1982 un salario tabular permitía adquirir cerca de tres Canastas Alimenticias Recomendables (CAR), hoy apenas cubre entre 67% y 69% de una sola canasta, orillando a miles de familias trabajadoras a la pobreza laboral”, señalaron en su carta.
Los sindicatos indicaron que los incrementos salariales insuficientes, frente al rezago presupuestal, están generando una “ilegalidad técnica”, que deja los ingresos de docentes, investigadores, personal administrativo, a niveles por debajo del Salario Mínimo General.
Los incrementos menores al 5% dejan a millones de trabajadores con salarios insuficientes
Además, contravenir el artículo 123 constitucional, por dejar a miles de trabajadores por debajo del salario mínimo legal, los incrementos menores al 5% dejarían, para el año 2030, a más de 3.7 millones de trabajadores con “salarios insuficientes”.
Esta política de tope salarial también está provocando “discriminación por equiparación: categorías con funciones de distinta complejidad, riesgos laborales, preparación técnica y posgrados han quedado compactadas en un mismo ingreso básico de subsistencia (9 mil 451.20 pesos mensuales)”, denunciaron.
“Pagar salarios idénticos a responsabilidades dispares destruye el principio constitucional de a trabajo igual, salario igual, y anula los incentivos del escalafón y la profesionalización”, se lee en el manifiesto de los sindicalistas.
Las propuestas de los sindicatos para superar la crítica situación de las instituciones educativas:
- Piso del salario contractual y regla de despegue: anclar en el sector público de los tabuladores al menos entre un 1.5% y 2.0% por encima del SMG vigente, garantizando una regla del 7% de separación vertical entre categorías y 6% horizontal para premiar la permanencia y capacitación.
- Programa Nacional de Recuperación (Meta 13.30% anual): otorgar una compensación económica para la recuperación salarial con un incremento sostenido promedio del 13.30% anual para alcanzar al final del sexenio (2030) un ingreso equivalente a 2.5 Canastas Alimenticias Recomendables (CAR).
- Inversión plurianual requerida: se proyecta una asignación anual irreductible de política espejo en los salarios $155,237.60 MDP, acumulando un total de $776,188.00 MDP en el quinquenio 2027-2031.
Garantizar que los recursos cumplan estrictamente su cometido sin desviarse a gasto burocrático
En la propuesta que hacen los sindicatos del sector educativo está que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2027, los recursos sean etiquetados al capítulo 1000, creando un Fondo Federal Especial, intransferible ni sujeto a subejercicio.
Además, se propone establecer “convenios tripartitos vinculantes”, en los que participen la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por parte del gobierno federal, y se incluyan a los gobiernos estatales, las autoridades universitarias y los sindicatos.
Para garantizar que los recursos cumplan estrictamente con su cometido, se propone supervisión directa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “con reportes trimestrales de avances en la aplicación de los recursos”.
Lee: Preparan congreso mundial de trabajadores de Ciencia y Tecnología en México
