Alejandro Leyva sabía que estaba en riesgo. Lo había dicho públicamente. Denunció amenazas, hostigamiento y una campaña de desprestigio que, según su propio relato ante las autoridades, tenía origen en su exhibición pública durante las conferencias de prensa del gobierno de Oaxaca. Lo hizo por escrito, ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca primero y ante la Fiscalía General de la República después, casi un año antes de morir a balazos frente a su casa. Y en al menos dos momentos distintos de ese año —al presentar su queja inicial y, meses más tarde, en una consulta telefónica informal con personal del Mecanismo Federal— manifestó expresamente que no deseaba incorporarse a un esquema de protección. No fue una oferta puntual que rechazó de golpe. Fue una decisión que sostuvo, con matices, a lo largo de casi doce meses de trato con un aparato estatal en el que, según explicó él mismo, no confiaba.
Esa decisión, vista de manera aislada, podría interpretarse como un error de cálculo personal. Vista en un contexto más amplio, nos plantea diversos cuestionamientos. ¿Qué significa que un periodista amenazado prefiera permanecer expuesto antes que ponerse bajo la protección del Estado? ¿Qué ocurre cuando una institución creada para ofrecer seguridad deja de generar confianza precisamente entre quienes más la necesitan?
Pocos días antes del asesinato de Leyva, la presidenta Claudia Sheinbaum había respondido a una pregunta sobre la violencia contra periodistas con una recomendación aparentemente lógica: quienes se encuentren en riesgo deben acercarse a la Secretaría de Gobernación para solicitar el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lo dijo tras el secuestro y asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán. La frase más que respuesta espontánea y fue la fórmula disponible, una respuesta que se activa si el tema se cuela en una conferencia matutina.
La afirmación, en sí misma, parece razonable. Si existe una institución encargada de proteger a periodistas amenazados, lo natural sería acudir a ella. Pero la distancia entre esa respuesta institucional y la experiencia de numerosos periodistas revela un problema. El tema no es si los periodistas saben a qué oficina acudir. El tema es por qué tantos de ellos han dejado de creer que tocar esa puerta pueda marcar alguna diferencia.
El Mecanismo nació en 2012 como respuesta a una realidad incontenible: en México ejercer el periodismo puede costar la vida. Su creación representó el reconocimiento de que el Estado tenía una responsabilidad específica frente a quienes documentan la violencia, investigan la corrupción o cuestionan a los poderes políticos y criminales. Que haya sobrevivido, con otro nombre y otros protocolos, a gobiernos de signo político diferente dice algo a su favor: la 4T no se ha atrevido a desmantelarlo. Pero una institución no se mide solamente por el propósito para el que fue creada, ni por su capacidad de sobrevivir a los cambios de administración. También se mide por la confianza que genera, por su capacidad para responder con la urgencia que el riesgo exige, y por los resultados que produce. Ahí es donde empiezan los problemas.
Organizaciones como Artículo 19, Espacio OSC, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los propios integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo han documentado deficiencias persistentes: procesos burocráticos lentos, evaluaciones de riesgo prolongadas, coordinación deficiente con autoridades estatales y medidas que, frente a amenazas del crimen organizado o de estructuras de poder local, resultan insuficientes. No son impresiones sueltas. Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas documentaron que las solicitudes de protección rechazadas por el propio Mecanismo pasaron de una en 2020 a 49 en 2022, y otras 49 en los primeros once meses de 2023 —una curva que describe un ajuste de criterios y un endurecimiento sostenido, justo cuando la violencia contra la prensa no ha dejado de crecer.
Detrás de esas cifras hay una lógica administrativa orientada, antes que nada, a comprobar el riesgo antes que a prevenirlo. El periodista debe reunir evidencias, documentar amenazas, acreditar antecedentes, responder entrevistas, aportar pruebas y esperar evaluaciones. Cada paso puede tener justificación jurídica. El problema es que las amenazas no esperan a que concluya el procedimiento administrativo: operan con el reloj del agresor, mientras el Estado responde con el reloj del expediente y la distancia entre ambos relojes se mide, literalmente, en vidas. Exigir pruebas suficientes de que una amenaza es real antes de intervenir invierte la función misma que debería cumplir un sistema de protección, que es impedir que la amenaza llegue a materializarse. La prevención queda subordinada a la comprobación, y mientras el expediente se integra, el riesgo sigue su curso sin pedirle permiso a nadie.
Conviene ser precisos con el diagnóstico, porque no es que el Mecanismo esté ausente o inactivo. Funciona todos los días: recibe denuncias, abre expedientes, cita a entrevistas, cuantifica incluso sus propias pérdidas. El aparato administrativo opera con normalidad. Lo que ha dejado de operar es la función que le da sentido a ese aparato, que es impedir que alguien muera por ejercer el periodismo. Esa combinación —una institución activa que ya no cumple aquello para lo que fue creada— es más precisa que hablar simplemente de fallas o de lentitud. Es una protección que funciona como trámite y ha dejado de funcionar como protección.
Mi propia experiencia me permite entender esa distancia. Conozco el procedimiento. Conozco el nivel de detalle que puede exigirse para demostrar que una amenaza merece ser considerada creíble y conozco la sensación de tener que convencer a una estructura burocrática de que alguien realmente quiere hacerte daño. No lo cuento para convertir una vivencia personal en argumento suficiente, sino porque esa percepción coincide, casi palabra por palabra, con lo que llevan años documentando organizaciones especializadas en libertad de expresión a partir de decenas de testimonios distintos al mío.
Y aun a quienes logran superar esas barreras, incorporarse al esquema no siempre ha significado sobrevivir. Casos como los de Gustavo Sánchez Cabrera, Rubén Pat Cauich o Cayetano de Jesús Guerrero —este último, subdirector de Global México, asesinado en enero de 2025 mientras estaba incorporado al Mecanismo— muestran que las medidas existen, pero que su eficacia frente a amenazas persistentes o vinculadas con estructuras criminales es, cuando menos, cuestionable. La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido la magnitud del problema con una cifra que merece leerse despacio: desde diciembre de 2018, 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados en México, y de ellos, siete periodistas y dos defensores eran, al momento de morir, beneficiarios del propio Mecanismo. No es que el Estado ignore su fracaso. Lo mide, lo cuantifica, lo hace público con precisión administrativa. Y aun así, las muertes de periodistas bajo protección de mecanismo se repiten.
Parte de esa disfunción tiene, además, un nombre y un contrato. Desde 2014, la infraestructura técnica del Mecanismo —botones de auxilio, georreferenciación, escoltas— la opera una misma empresa privada, RCU Sistemas, a la que la Secretaría de Gobernación volvió a adjudicar en 2026, de manera directa, tres contratos por cerca de 198 millones de pesos. Lo hizo pese a que la Auditoría Superior de la Federación documenta fallas recurrentes desde 2018: dispositivos de pánico apagados durante semanas enteras, capacitaciones formalizadas hasta 49 días después de que las medidas ya habían sido implementadas, y escoltas que, según las investigaciones ministeriales, no estaban presentes en el momento exacto en que asesinaron a los periodistas Pablo Morrugares y Gustavo Sánchez Cabrera. Ya en 2019 el entonces subsecretario Alejandro Encinas advirtió que la protección de periodistas no podía seguir dependiendo de un particular y anunció que el gobierno retiraría el contrato. Siete años después, la misma empresa —señalada, sin que el gobierno lo haya acreditado, por presuntos vínculos con la red empresarial del exsecretario Genaro García Luna— continúa siendo quien sostiene, técnicamente, la protección que el Estado dice ofrecer.
A esa preocupación se suma un hecho reciente que merece atención. Tras el asesinato del periodista y activista ambiental Álex Serna, integrantes del colectivo Defensorxs presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el titular del Mecanismo Federal y contra la responsable de la unidad estatal de protección en Guerrero, por homicidio calificado, negación de servicio público y abuso de autoridad. La acusación sostiene que las amenazas contra Serna eran públicas, reiteradas y conocidas desde meses antes de su desaparición y que ninguna de las dos instancias activó protección alguna. Corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades. Lo relevante para esta discusión es que, por primera vez en un caso reciente, el reclamo no se dirige al Estado como abstracción, sino a personas concretas dentro del propio Mecanismo: la institución creada para proteger periodistas ha empezado a figurar, ella misma, como posible responsable penal en la muerte de uno.
No se sigue de todo esto que el Mecanismo sea inútil o que todas sus actuaciones hayan fracasado. Numerosos periodistas y personas defensoras probablemente siguen con vida gracias a medidas que sí funcionaron a tiempo. Ignorar esos casos sería tan injusto como ignorar las deficiencias que organizaciones nacionales e internacionales llevan años señalando. Pero una política pública puede producir resultados positivos y, al mismo tiempo, arrastrar fallas estructurales que erosionan progresivamente su legitimidad. Esa erosión no ocurre de un día para otro. Se acumula cada vez que un procedimiento se percibe inaccesible, cada vez que una respuesta llega tarde, cada vez que se suma otra historia de alguien que buscó protección y de todos modos fue asesinado.
Las consecuencias de ese desgaste van más allá de la operación cotidiana del programa. Cuando un periodista decide no denunciar porque cree que nada va a ocurrir; cuando otro rechaza, como Leyva, incorporarse a un esquema del que desconfía; cuando colegas recomiendan no iniciar el trámite porque lo consideran una pérdida de tiempo, el problema deja se vuelve político: es la credibilidad misma del Estado frente a quienes documentan su desempeño la que empieza a resquebrajarse.
El signo más preocupante que deja el asesinato de Alejandro Leyva no es, únicamente, que México siga siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Ese diagnóstico lleva demasiados años acompañándonos. El signo más preocupante es de otra naturaleza, y tiene que ver con el tipo específico de falla que estos casos revelan. No se trata de un mecanismo ausente, ni de una protección que simplemente no llegó a tiempo por falta de recursos. Se trata de un mecanismo que sigue en pie, pero cuya función central —proteger— se ha desconectado de su funcionamiento cotidiano. Esa es una protección disfuncional: la de un aparato que opera con normalidad administrativa mientras la razón de su existencia se cumple cada vez menos.
Esa disfunción es la que erosiona, día con día, la confianza de quienes deberían ser sus primeros beneficiarios. Las instituciones de protección sólo cumplen su papel si quienes las necesitan creen que vale la pena acudir a ellas; sin esa convicción el Mecanismo pierde algo más costoso que un caso individual mal resuelto: pierde la posibilidad de ser, todavía, la primera opción antes que el último recurso. Y esa confianza, a diferencia de un protocolo o una ventanilla nueva, no se reconstruye por decreto. Se gana, caso por caso, demostrando que la protección deja de ser un trámite disfuncional y vuelve a ser, otra vez, protección.
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