Antes que regular, educar. El derecho a comprender
Durante los últimos días, la discusión pública sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias ha ocupado espacios informativos, mesas de análisis y redes sociales. De un lado, el gobierno sostiene que únicamente busca hacer efectivos derechos reconocidos desde hace más de una década. Del otro, periodistas, especialistas y organizaciones advierten riesgos para la libertad de expresión y cuestionan las facultades de la nueva autoridad reguladora. La controversia ha adquirido un tono cada vez más intenso, pero también ha dejado al descubierto una limitación: la conversación gira casi exclusivamente alrededor de quién debe vigilar la información, mientras permanece casi ausente una pregunta que podría resultar mucho más trascendente para el futuro democrático del país. ¿Estamos preparando a los ciudadanos para comprender críticamente el universo informativo en el que viven?
Quizá ese sea el primer signo que deja esta controversia. El debate parece concentrarse en los instrumentos de regulación, pero el sentido más profundo del momento está en la manera en que una sociedad decide formar —o deja de formar— el juicio crítico de sus ciudadanos.
Un ecosistema que ya cambió
Durante buena parte del siglo pasado, el problema de la información podía resumirse en una disputa por el acceso. Los medios eran pocos, las frecuencias radioeléctricas limitadas y la posibilidad de publicar estaba concentrada en empresas periodísticas, radiodifusoras y canales de televisión. En ese contexto, resultaba razonable que la legislación se ocupara principalmente de regular concesiones, obligaciones de servicio público y responsabilidades editoriales.
Ese escenario dejó de existir hace tiempo. Hoy cualquier persona puede difundir información de manera inmediata ante miles o millones de usuarios. Los medios tradicionales conviven con plataformas digitales, creadores de contenido, influencers, servicios de mensajería, inteligencia artificial generativa y algoritmos capaces de decidir qué aparece en la pantalla de cada usuario. Nunca había sido tan sencillo producir información. Tampoco había sido tan difícil distinguir entre una investigación periodística, una opinión, una campaña de propaganda, un contenido patrocinado, un montaje audiovisual o una falsificación elaborada mediante inteligencia artificial.
La velocidad con la que evolucionó este ecosistema ha sido mucho mayor que la capacidad de adaptación de las instituciones. Buena parte del debate político sigue utilizando categorías pensadas para un entorno mediático que ya no existe, mientras los desafíos cotidianos aparecen en espacios que hace apenas unos años ni siquiera formaban parte de la conversación pública.
La discusión sobre los árbitros
La polémica alrededor de los derechos de las audiencias refleja precisamente esa transición. Aunque el debate suele presentarse como una confrontación entre libertad de expresión y regulación, una lectura más detenida muestra que el verdadero desacuerdo se encuentra en otro lugar. Los derechos de las audiencias tienen reconocimiento constitucional desde hace años y prácticamente nadie cuestiona su existencia. Lo que divide opiniones es quién debe interpretar esos derechos, con qué criterios y hasta dónde puede intervenir la autoridad cuando considera que fueron vulnerados.
Se trata de una preocupación legítima. En cualquier democracia, el diseño institucional importa tanto como los principios que pretende proteger. La confianza pública depende no sólo de la calidad de las normas, sino también de la credibilidad de quienes las aplican. Cuando esa confianza es limitada, cualquier ampliación de facultades regulatorias despierta sospechas, incluso entre quienes comparten los objetivos generales de la legislación.
Sin embargo, reducir toda la discusión a esa dimensión institucional puede conducir a una conclusión incompleta. Incluso si existiera consenso sobre el alcance de las facultades regulatorias, permanecería intacto un problema mucho más amplio: la creciente dificultad de millones de personas para orientarse en un entorno saturado de información, manipulación, publicidad encubierta, contenidos sintéticos y campañas diseñadas para captar atención antes que para informar.
Ese desplazamiento constituye uno de los signos más reveladores del debate contemporáneo. Mientras la conversación pública busca resolver quién debe ejercer autoridad sobre la información, el sentido de la transformación parece encontrarse en la relación cotidiana de millones de personas con un entorno informativo que exige capacidades nuevas para comprenderlo.
Una pregunta casi ausente
Mientras buena parte del debate público se concentra en quién debe decidir qué reglas aplicar a los medios, muy pocos parecen preguntarse cómo aprende una sociedad a convivir con el nuevo ecosistema informativo.
La pregunta resulta indispensable porque la información ocupa una parte considerable de la vida cotidiana. Niñas, niños, adolescentes y adultos pasan varias horas al día expuestos a noticias, videos, transmisiones en vivo, recomendaciones algorítmicas, conversaciones digitales y contenidos producidos por personas o sistemas automatizados. Sin embargo, el sistema educativo dedica muy poco espacio a desarrollar las competencias necesarias para comprender críticamente ese entorno.
Se enseña a leer y escribir, pero no se enseña a evaluar la confiabilidad de una fuente. Se estudian procesos históricos, fenómenos científicos y operaciones matemáticas, pero los estudiantes no reciben formación sistemática para distinguir una noticia de una opinión, reconocer estrategias de manipulación emocional, identificar publicidad disfrazada de contenido periodístico o comprender por qué dos usuarios reciben versiones distintas de un mismo acontecimiento en función de los algoritmos que administran sus plataformas digitales.
En buena medida, la calidad de la conversación democrática depende de esas capacidades. No se trata de un vacío menor.
Visto desde esa perspectiva, el verdadero signo no es la ausencia de nuevas reglas, sino la ausencia de una política educativa capaz de acompañar la transformación del espacio público. Ese vacío ayuda a comprender el sentido que adquiere hoy la educación infomediática.
Una propuesta que ya existe
Desde hace varios años, la UNESCO impulsa en numerosos países la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) como una política educativa orientada a fortalecer la ciudadanía en el entorno digital. Su planteamiento parte, precisamente, de que ninguna regulación puede sustituir la capacidad crítica de las personas.
La educación infomediática no busca formar ciudadanos que acepten una versión oficial de los hechos ni pretende convertir al Estado en árbitro de la verdad. Su propósito consiste en desarrollar habilidades para acceder a información confiable, analizarla, contextualizarla, contrastarla, producir contenidos responsables y participar de manera consciente en la vida pública.
Detrás de esta propuesta existe una comprensión distinta del problema. La desinformación, el discurso de odio y la manipulación digital no desaparecen únicamente mediante prohibiciones o mecanismos sancionatorios. Son fenómenos que también requieren ciudadanos capaces de reconocerlos antes de reproducirlos.
La experiencia internacional muestra que fortalecer esas capacidades ofrece beneficios que trascienden cualquier coyuntura política. Una persona que aprende a verificar información conserva esa habilidad independientemente del gobierno en turno, de la plataforma digital dominante o de la tecnología utilizada para producir contenidos. La formación crítica acompaña al ciudadano mucho después de que una regulación específica ha quedado rebasada por los cambios tecnológicos.
Una política pública para el siglo XXI
México suele responder a los desafíos informativos mediante reformas legales, nuevas instituciones o modificaciones regulatorias. Es una respuesta comprensible, pero insuficiente frente a un problema cuya dimensión principal ya no reside únicamente en la estructura de los medios, sino en la manera en que millones de personas interactúan diariamente con la información.
Incorporar la educación infomediática a los planes de estudio de educación básica, media superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas, significaría reconocer que la ciudadanía digital forma parte de la formación democrática. No sería una materia destinada exclusivamente al periodismo o a la informática. Debería convertirse en una competencia transversal, tan importante como la comprensión lectora o el razonamiento matemático.
En una sociedad atravesada por plataformas digitales, aprender a identificar fuentes confiables, comprender el funcionamiento de los algoritmos, reconocer campañas de manipulación, distinguir información de publicidad, evaluar evidencia y utilizar responsablemente herramientas de inteligencia artificial constituye una forma de alfabetización indispensable para ejercer plenamente otros derechos.
La discusión sobre los derechos de las audiencias ofrece una oportunidad para pensar en esa dirección. La mejor protección para las audiencias no consiste únicamente en ampliar procedimientos administrativos o fortalecer mecanismos de supervisión, sino en reducir la vulnerabilidad de los propios ciudadanos frente a la manipulación informativa.
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La autonomía como horizonte democrático
Toda democracia necesita instituciones capaces de garantizar derechos y establecer reglas de convivencia. También necesita medios responsables, autoridades transparentes y plataformas dispuestas a rendir cuentas. Ninguno de esos elementos pierde importancia ante la transformación tecnológica.
Pero existe otro componente cuya relevancia crecerá conforme aumente la complejidad del ecosistema digital: la autonomía intelectual de la ciudadanía.
Una sociedad formada para comprender críticamente la información depende menos de intermediarios para construir sus propios juicios. Puede cuestionar versiones oficiales sin caer automáticamente en teorías conspirativas, reconocer errores periodísticos sin concluir que toda información resulta falsa e identificar propaganda sin confundirla con cualquier diferencia de opinión. Esa capacidad no elimina el conflicto ni las distintas interpretaciones, pero fortalece las condiciones para que la deliberación pública descanse sobre criterios más sólidos.
Los signos del presente apuntan en esa dirección. La aceleración tecnológica, la expansión de la inteligencia artificial, la fragmentación de las audiencias y la creciente desconfianza hacia instituciones y medios forman parte de un mismo proceso cuyo sentido difícilmente puede comprenderse únicamente desde la regulación. Frente a ese escenario, la educación infomediática no ofrece una solución mágica, pero sí una estrategia de largo plazo: formar ciudadanos capaces de ejercer su libertad con criterio.
Las democracias seguirán necesitando leyes y autoridades que las hagan valer, pero ninguna regulación podrá sustituir aquello que sólo la educación puede construir: ciudadanos capaces de comprender antes de creer, de verificar antes de compartir y de pensar antes de aceptar. Esa puede ser, después de todo, la política pública más sólida para proteger el derecho de las audiencias y fortalecer la democracia.
Comprender antes de creer también requiere tiempo, trabajo. Ese trabajo también forma parte de esta conversación. Visite mi espacio en https://ko-fi.com/renanmartinezcasas
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