El gobierno de México ha recuperado 5 millones 805 mil 693 dólares, aproximadamente 84.8 millones de pesos, desviados mediante esquemas de corrupción y lavado de dinero vinculados a Genaro García Luna y la familia Weimberg, los cuales se utilizarán para escuelas de Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los, ahora, recursos federales, provienen de un juicio civil en Florida, Estados Unidos, promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.
La mandataria detalló que este monto no se integrará a la recaudación general, sino que se aplicará en forma directa en beneficio de los sectores más vulnerables del país.
Recursos para escuelas en la Montaña de Guerrero
“El objetivo es que este recurso se destine a escuelas en la Montaña de Guerrero”, señaló.
La jefa del Ejecutivo especificó que la planeación educativa, en la entidad, ya se encuentra en marcha con el fin de ampliar la cobertura en los niveles de educación media, media superior y básica en las comunidades que enfrentan un mayor rezago social.
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Reporte de cifra de cuentas bloqueadas
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, desglosó el procedimiento jurídico y financiero.
La UIF ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias por operaciones inusuales, de las cuales una de cada tres pertenece a integrantes de la delincuencia organizada.
- Total inmovilizado: 24 mil 622 cuentas bancarias por un monto global de 8 mil 679 millones de pesos.
- Vínculo criminal: 7 mil 861 cuentas corresponden a miembros de organizaciones delictivas (31.9% del total).
- Entidades más afectadas: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Baja California concentran la mayor cantidad de bloqueos.
“Prácticamente, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos”, dijo Reyes Colmenares.
Detalló que, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión iniciada en julio de 2025, se han congelado mil 443 cuentas vinculadas directamente con este delito.
Este fallo obliga a los implicados a reparar el daño patrimonial causado al erario mexicano a través de contratos de seguridad irregulares.
“Nuestra prioridad es rastrear los flujos financieros ilícitos para desarticular la estructura económica de la delincuencia organizada y garantizar que los recursos públicos pertenezcan y sirvan verdaderamente al pueblo de México”, puntualizó el titular de la UIF.
