También rastrea operaciones millonarias y posibles irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga al INE y los OPLES por posibles irregularidades en contrataciones públicas, relaciones entre proveedores y servidores públicos y presuntas prácticas de colusión empresarial.
Las investigaciones también comprenden movimientos de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa, donde el órgano fiscalizador rastrea transferencias que presuntamente habrían terminado en cuentas de personas vinculadas familiarmente con funcionarios.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó sobre estas indagatorias durante la presentación de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, ante la Cámara de Diputados.
Explicó que las nuevas facultades otorgadas a la ASF permitirán acelerar las investigaciones y promover acciones legales sin esperar a que concluyan los procedimientos tradicionales de fiscalización.
Uno de los cambios en la estrategia consiste en realizar auditorías integrales para revisar la totalidad del gasto público, en lugar de limitarse a muestras representativas.
«Lo que estamos haciendo es hacer auditorías integrales, que estas auditorías integrales lo que hacen es revisar el 100 por ciento del gasto«, afirmó.
ASF investiga al INE y los OPLES por operaciones millonarias
En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), Hernández Palacios Cardel informó que la investigación de oficio también comprende a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, proveedores y servidores públicos posiblemente relacionados con las operaciones bajo revisión.
Los trabajos de inteligencia identificaron que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, con distintas entidades públicas.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales. La ASF también identificó operaciones por 21.3 millones de pesos con proveedores vinculados a empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas.
El auditor explicó que las indagatorias buscan reconstruir el origen de esas operaciones y determinar cómo se relacionaron las empresas participantes en las contrataciones públicas.
Entre los indicios detectados figuran subcontrataciones entre compañías de los mismos grupos empresariales, registros laborales reducidos o inexistentes y posibles mecanismos para limitar la competencia en las licitaciones.
«Nos vamos dando cuenta, el día de hoy, de comportamientos que van llamando la atención de los auditores, que tienen que ver con la posible triangulación con las empresas contratadas, que están boletinadas como empresas factureras», explicó.
La ASF también investiga posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y vínculos entre proveedores y servidores públicos.
Otra línea busca determinar si particulares o actores políticos intervinieron en la designación de funcionarios de los organismos electorales.
ASF rastrea transferencias de recursos en Nuevo León y Sinaloa
Respecto a los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, el auditor confirmó investigaciones sobre presuntas triangulaciones y simulación de operaciones mediante empresas que recibieron contratos públicos.
Las indagatorias buscan reconstruir las cadenas de transferencias y establecer si los recursos terminaron en cuentas de personas físicas o morales relacionadas familiarmente con servidores públicos.
«Lo que sí les podemos decir es que sí tenemos mapeado, por así decir, exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público«, sostuvo.
Los equipos de investigación analizan la dispersión del dinero y las relaciones entre las empresas participantes para determinar si existieron conductas ilegales.
Hernández Palacios Cardel evitó proporcionar nombres de funcionarios o montos específicos de las operaciones investigadas, al argumentar que debe respetarse el debido proceso.
Tampoco confirmó si las indagatorias alcanzan directamente al gobernador de Nuevo León, Samuel García, o al exgobernador de Sinaloa, al señalar que esa información forma parte de las investigaciones en curso.
ASF solicita información financiera a los 32 OPLES
Como parte de la revisión de los organismos electorales locales, la ASF envió 32 oficios a los gobernadores para solicitar información sobre la ministración de participaciones federales correspondientes al Ramo 28.
El propósito es conocer cómo se distribuyen esos recursos hacia los OPLES y verificar su ejercicio.
Además, estableció comunicación directa con los 32 organismos para solicitar información sobre sus contrataciones de 2025.
El análisis comprenderá también su comportamiento financiero desde el año 2000, con el propósito de identificar posibles sobreprecios, prácticas de colusión y acuerdos entre empresas participantes en concursos públicos.
«Estamos siendo muy exhaustivos, también estamos utilizando incluso toda la información que los medios de comunicación han estado otorgando», expresó.
ASF investiga irregularidades en el examen de admisión de la UNAM
Otro de los casos expuestos por el auditor corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se investigan posibles irregularidades relacionadas con el proceso de examen de admisión.
La indagatoria comprende la actuación de servidores públicos universitarios y de la empresa responsable de proporcionar el servicio tecnológico.
Hernández Palacios Cardel reconoció la colaboración de las autoridades universitarias y señaló que el rector solicitó la intervención de la ASF.
Explicó que se establecerán las responsabilidades correspondientes y que los expedientes se canalizarán al tribunal administrativo para determinar las sanciones aplicables a los servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades u omisiones.
Entre las medidas adoptadas destacó la aplicación de medidas precautorias para preservar información relevante e impedir que la empresa involucrada pudiera eliminar elementos necesarios para las investigaciones.
El auditor advirtió que la ASF no permitirá que proveedores incumplan sus obligaciones o engañen a las instituciones públicas mediante servicios distintos a los establecidos en los contratos.
ASF busca presentar denuncias penales sin esperar el cierre de auditorías
En materia de responsabilidades administrativas y penales, Hernández Palacios Cardel explicó que una de las principales modificaciones consiste en presentar denuncias cuando existan elementos que permitan advertir la posible comisión de un delito.
«Ya no tenemos que esperar que acabe el proceso de fiscalización que nos llevaba años, sino que ahora lo queremos hacer de manera inmediata«, enfatizó.
Precisó que, cuando se detecten faltas administrativas graves, los expedientes se remitirán al tribunal correspondiente. Si existen elementos de carácter penal, la ASF acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario informó que la Auditoría ha presentado alrededor de 40 denuncias penales y que continuará dando a conocer los procedimientos conforme se formalicen las investigaciones.
Finalmente, estableció febrero de 2027 como plazo para presentar los resultados de las auditorías integrales, particularmente las relacionadas con el INE.
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