Ante el desastre del INE, tenemos que salvar las elecciones
Hay momentos en los que la defensa de la democracia exige pasar de la denuncia a la participación. Creo que México está llegando a uno de ellos. Durante los últimos meses, periodistas y medios de comunicación han documentado decisiones, movimientos internos, salidas de personal y relaciones que han puesto bajo escrutinio la conducción del Instituto Nacional Electoral. Han investigado, dado voz a quienes conocen desde dentro el funcionamiento del organismo y colocado el deterioro institucional en el centro de la conversación pública. Esa labor ha sido fundamental: convirtió un asunto que algunos habrían preferido mantener dentro de los muros del Instituto en un problema de interés nacional.
La prensa ha cumplido una parte de su responsabilidad y ha contribuido a abrir un espacio de resistencia democrática frente a la concentración política y el debilitamiento de los contrapesos. Ahora corresponde que esa denuncia encuentre continuidad en la acción de otros actores. Los legisladores tienen una responsabilidad inmediata en la integración de la autoridad electoral; los ciudadanos tenemos otra, más amplia y permanente: vigilar que las elecciones sigan siendo un instrumento efectivo para expresar nuestra voluntad.
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Escribo desde esa convicción. Todavía podemos salvar las elecciones. Esa posibilidad depende, en buena medida, de que asumamos nuestra responsabilidad antes, durante y después de la jornada electoral.
Una renovación institucional bajo presión
La primera responsabilidad inmediata está en el Congreso. La designación de quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE será una decisión de enorme trascendencia. Quien suceda a Guadalupe Taddei encabezará una institución cuya autonomía ha sido puesta en jaque. Su experiencia, trayectoria e independencia frente a los partidos y el gobierno serán fundamentales para recuperar la confianza pública.
Pero el relevo de la presidencia no agota el problema. La renovación puede alcanzar a numerosas personas en la estructura directiva del Instituto: la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, además de otros cargos estratégicos. La salida de funcionarios, los nombramientos pendientes y la revisión de quienes ocupan determinadas responsabilidades plantean una tarea de grandes dimensiones. La presidencia del INE tiene facultades relevantes para integrar esa estructura, de modo que el cambio puede modificar profundamente la conducción institucional.
A esto se suman las designaciones de consejerías en los organismos públicos locales electorales, responsabilidad que también corresponde al INE. Los procedimientos requieren revisar perfiles, trayectorias y evaluaciones, y resolver cada nombramiento conforme a las reglas establecidas.
Estamos ante una renovación que involucra a muchas personas en distintos niveles de la estructura electoral. Encontrar perfiles con experiencia, capacidad técnica e independencia, integrar equipos y preservar conocimientos institucionales será una tarea difícil. Y tendrá que realizarse contra reloj: el proceso electoral de 2027 ya está en marcha. La urgencia no elimina la complejidad de los nombramientos ni las consecuencias de tomar decisiones apresuradas.
La correlación política hace poco probable que Morena y sus aliados renuncien a la influencia que tienen para colocar perfiles afines. Una autoridad electoral subordinada al grupo gobernante comprometería la confianza pública y pondría aún más en entredicho la imparcialidad de los procesos. Por eso, la prensa debe investigar, como seguramente lo hará, los antecedentes de quienes aspiren a esos cargos y los ciudadanos debemos exigir transparencia y hacer visible cualquier intento de convertir las decisiones institucionales en operaciones partidistas.
Nosotros contamos los votos
Incluso si el desenlace fuera el que hoy considero más probable, conservamos una capacidad fundamental para defender la integridad de las elecciones: nosotros contamos los votos el día de la elección.
Las mesas directivas de casilla están integradas por ciudadanos que reciben los sufragios, realizan el escrutinio y registran los resultados en las actas correspondientes. Los representantes de los partidos pueden presenciar las operaciones y recibir copias de esos documentos. Después, los resultados se contrastan mediante actas públicas de cada casilla, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y los cómputos distritales. Esta cadena de documentación y verificación permite detectar inconsistencias y exigir que las irregularidades sean atendidas.
Los funcionarios de casilla, los representantes partidistas y los observadores electorales tienen atribuciones distintas, pero su participación contribuye a que la elección pueda ser vigilada por la sociedad. La existencia de esos mecanismos no garantiza por sí sola que todo funcione correctamente. Su eficacia también depende de que los ciudadanos los conozcamos, participemos y exijamos su cumplimiento.
La democracia necesita ciudadanos autónomos
Hay una responsabilidad que va más allá de la jornada electoral. La democracia necesita ciudadanos capaces de actuar por convicción propia, incluso cuando eso significa apartarse de las lealtades partidistas que antes y aún ahora organizan su identidad política. Durante demasiado tiempo hemos delegado en dirigentes y organizaciones la interpretación de nuestros intereses y la definición de aquello que debemos considerar aceptable.
Los partidos tienen proyectos, estrategias e intereses propios. Nuestra responsabilidad consiste en conservar la capacidad de evaluar sus decisiones y exigirles cuentas. Podemos compartir una identidad ideológica con un partido y cuestionar a quienes gobiernan en su nombre. Podemos haber respaldado un proyecto y reconocer que sus resultados se apartan de nuestras convicciones. La defensa de las reglas democráticas se demuestra cuando estamos dispuestos a exigirlas también a quienes apoyamos.
Esta autonomía importa especialmente en una sociedad tan dividida como la mexicana. Hay quienes participaron en la Marea Rosa y terminaron decepcionados de los partidos que pretendieron representar sus demandas. Hay personas de izquierda que hoy cuestionan decisiones gubernamentales contrarias a sus convicciones democráticas, así como antiguos simpatizantes del obradorismo que observan con preocupación el rumbo de su propio proyecto. Otros ciudadanos han sufrido las consecuencias de errores, omisiones y políticas gubernamentales. Todos encontraremos en las urnas una oportunidad para expresar inconformidad.
También habrá quienes mantengan su respaldo al gobierno. Pero esa posición no tendría por qué impedirles defender la competencia electoral, la alternancia y el derecho de los ciudadanos a decidir quién los gobierna. La integridad de las elecciones concierne a todos, independientemente de la opción política que cada quien prefiera.
De las convicciones a la participación
Por eso, la participación debe comenzar mucho antes de acudir a las urnas. Necesitamos seguir los nombramientos, conocer los perfiles propuestos y vigilar las decisiones de las autoridades electorales. También podemos participar directamente: integrar mesas directivas de casilla, registrarnos como observadores conforme a los requisitos legales, colaborar con organizaciones que documenten el proceso y mantenernos atentos a lo que sucede en nuestras comunidades.
El día de la elección, votar será una parte de nuestra responsabilidad. También lo será documentar anomalías, exigir que se atiendan y seguir el escrutinio, las actas, los resultados preliminares y los cómputos oficiales. La vigilancia ciudadana no termina cuando depositamos la boleta. El voto cuenta y se cuenta: cuenta porque expresa una decisión libre y se cuenta porque existen procedimientos que permiten convertir los sufragios en resultados verificables.
Creo que las próximas elecciones pueden producir una sacudida política de gran magnitud si nos involucramos masivamente. No es posible garantizarlo, pero tampoco hay razones para considerar imposible una modificación importante de la correlación política. El descontento acumulado y la coincidencia de ciudadanos con distintas trayectorias en la defensa de las reglas electorales pueden tener consecuencias relevantes. La decisión final estará en manos de los electores.
Por eso quiero hacer un llamamiento que empieza por mí mismo. No podemos delegar la defensa de las elecciones en los periodistas, los legisladores, los partidos ni en las autoridades electorales. Cada uno tiene responsabilidades distintas, pero ninguna sustituye la nuestra. Nos corresponde informarnos, vigilar, participar y exigir. Nos corresponde también recuperar la libertad de decidir conforme a nuestras convicciones, sin aceptar que la lealtad partidista esté por encima de nuestros derechos ciudadanos.
A quienes están decepcionados, inconformes o preocupados por el rumbo del país, les digo que todavía hay una oportunidad de intervenir. A quienes respaldan al gobierno, les digo que defender elecciones limpias también significa proteger su propio derecho a elegir. Y a todos nos corresponde comprender que la democracia se juega tanto en las instituciones como en la capacidad de la sociedad para hacerlas cumplir.
No esperemos a que llegue la jornada electoral para descubrir que debimos involucrarnos antes. La renovación del INE está ocurriendo ahora; las decisiones que se tomen tendrán consecuencias sobre el proceso que viene. Es el momento de observar, exigir y participar. Después tendremos que estar en las casillas, contar los votos y defender que cada uno sea respetado.
Yo creo que podemos salvar las elecciones mexicanas. Pero esa posibilidad no se realizará por sí sola ni mucho menos vendrá de la buena voluntad de quienes gobiernan. Depende de que millones de ciudadanos asumamos que la democracia también es nuestra responsabilidad. Dejemos de esperar que alguien la defienda por nosotros. Hagámoslo nosotros.
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