En medio de las investigaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotráfico, el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo este martes 5 de mayo de 2026.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Castro Zaavedra, uno de los acusados por el gobierno estadounidense, expresó su disposición para atender “cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.
En un comunicado, subrayó que esa solicitud para separarse del cargo se sustenta en los artículos 1, 8 y123, apartado B, fracción XIII de la Constitución mexicana, así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de ese estado.
Cadena de licencias
La renuncia de Castro Zaavedra se suma a las licencias solicitadas la semana pasada por Rubén Rocha Moya a la gubernatura, y de Juan de Dios Gámez Mendívil a la alcaldía de Culiacán, a fin de no interferir en las investigaciones.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señala al vicefiscal general de recibir sobornos mensuales de Los Chapitos a cambio de protección a integrantes de ese grupo criminal para evitar detenciones y proporcionar información sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
En 2024, Dámaso Castro intentó ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de Sara Bruna Quiñónez Estrada, implicada en presuntos malos manejos de la carpeta de investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Sobre ese caso, Castro Zaavedra dijo que no existieron omisiones de la Fiscalía de Sinaloa en la investigación.
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