Debido a la revelación de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz se niega a entregar el celular de Carlos Manzo a la Fiscalía General de Michoacán, la acusan de obstruir la justicia para continuar las investigaciones sobre el asesinato del edil.
Tanto Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI y diputado local, como el subsecretario de Gobernación de Michoacán, Juan Manzo Rodríguez, hermano del occiso, hicieron declaraciones sobre la negativa de la edil Grecia Quiroz, quien era esposa de Carlos Manzo.
También se cuestiona el hecho de que se pague la defensa legal de escoltas relacionados con el asesinato de Carlos Manzo, con recursos púbicos del municipio de Uruapan.
Lee: Detienen a colaboradora de Grecia Quiroz; la investigan por el caso Carlos Manzo
Señalamientos del diputado Guillermo Valencia
El dirigente estatal del PRI y diputado local, Guillermo Valencia Reyes afirma que el legado del exedil de Uruapan, Carlos Manzo, fue vulnerado casi de inmediato tras su asesinato.
«Yo creo que traicionaron a Carlos Manzo, desde que al día siguiente de su homicidio, fue la señora a reunirse con la presidenta», apunta.
En este sentido, el líder priista, sugiere una ruptura entre los intereses de la actual administración y la búsqueda de justicia para Carlos Manzo.
El también legislador califica la postura de la alcaldesa Grecia Quiroz como una estrategia para contener el malestar social derivado del crimen.
«La señora Grecia, desafortunadamente, se convirtió en un sedante masivo para tranquilizar la indignación popular y despresurizar esa indignación», afirma Valencia Reyes.
Afrenta a la ciudadanía no entregar el celular de Carlos Manzo
El diputado local señala sobre la retención del celular, que es una pieza que la Fiscalía considera clave para las investigaciones, por lo que considera este hecho como una afrenta a los ciudadanos y a los dolientes de Manzo.
«Es gravísimo, es un delito de obstrucción de la justicia. ¿Cómo le vamos a exigir a la Fiscalía resultados si algo tan elemental y básico como entregar el celular, que ahí debe haber pruebas, no se lo han entregado?», cuestiona.
Lee: Vinculan a proceso a “El Congo”, presunto implicado en el atentado contra Carlos Manzo
A la justicia no se le pueden poner condiciones
Asimismo, el diputado critica que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, pretenda imponer términos a la investigación ministerial.
«A la justicia no se le puede poner condiciones. A la justicia se le da toda la información necesaria para dar con los responsables del crimen. Así de simple», puntualiza.
¿Qué cuestiona Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán?
Por su parte Juan Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo, indica que el Ayuntamiento de Uruapan está bajo sospecha por pagar la defensa de los escoltas implicados en el homicidio del quien era edil en Uruapan.
El funcionario estatal indica que lo anterior coloca al Ayuntamiento de Uruapan en el centro de la controversia.
Juan Manzo califica como “sospechoso”, que presuntamente se usen recursos públicos para cubrir la defensa legal de escoltas señalados de facilitar el homicidio de su hermano Carlos Manzo.
El subsecretario dice que la utilización de dinero público en este contexto no corresponde a un esquema ordinario de apoyo institucional, debido a la gravedad de los hechos que se investigan.
Añade que, en términos legales, la defensa financiada por entes gubernamentales debe estar plenamente justificada y acotada a funciones derivadas del servicio público.
Por lo que en este este caso abre cuestionamientos sobre la procedencia y legalidad de dichos pagos, indica.
«El caso incorpora un elemento adicional que incrementa la preocupación: la defensa de los escoltas es encabezada por Gustavo Carreón, abogado identificado por su cercanía con el entorno de Carlos Manzo.
”Este vínculo ha sido señalado como un posible conflicto de interés, al tratarse de un litigante relacionado con el mismo círculo político implicado en los hechos», declara.
Responsabilidad política alcanza a la alcaldesa Grecia Quiroz
En este contexto, refiere que la responsabilidad política también alcanza a la presidenta municipal, Grecia Quiroz, porque como titular del gobierno local, debe tener conocimiento sobre el origen y autorización de los recursos públicos destinados a la defensa legal.
Señala que lo anterior, coloca en el centro de las preguntas sobre quién aprobó estos pagos y bajo qué justificación.
En consecuencia, las sospechas no solo recaen en una decisión administrativa, sino en la conducción misma del gobierno municipal.
«En paralelo, no se reportan avances contundentes en la localización de José Manuel Jiménez, señalado como jefe de escoltas y presunto facilitador del homicidio», detalla Juan Manzo.
¿Hay opacidad en los resultados de la investigación?
La falta de resultados verificables, aunada a la ausencia de información detallada por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mantiene abierta la percepción de opacidad en el proceso de investigación, señala el subsecretario de Gobierno.
Por ello, enumera los elementos señalados configuran un escenario de alta relevancia pública tales como:
- Presunto uso de recursos públicos para la defensa de implicados en un delito grave.
- Participación de un abogado con vínculos en el entorno político del caso.
- Posible responsabilidad de la presidencia municipal en la autorización o conocimiento del gasto.
- Falta de avances claros en la detención de un presunto responsable clave.
Cabe señalar que ante este contexto, la exigencia se centra en que:
- Las autoridades transparenten el uso de recursos
- Aclaren la relación institucional con la defensa legal
- Y garanticen el desarrollo de una investigación sin interferencias
Finalmente, indica que mientras estos puntos no sean esclarecidos, el caso continuará marcado por un factor central señalado desde el inicio: la sospecha sobre la actuación del gobierno municipal.
