Por Atahualpa Garibay/ corresponsal
Tijuana, BC, 22 mar. (AMEXI).- El delegado estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), David Pérez Tejada Padilla, se deslindó hoy del caso de corrupción descubierto por autoridades tras la detención de dos oficiales de la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
En rueda de prensa, dijo que, en la actualidad, la investigación está completamente a cargo de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), donde hace más de 23 días fueron llevados dos empleados del INM tras ser arrestados con un millón 500 mil pesos y casi 30 mil dólares, así como cartuchos útiles.
Se contradijo en sus declaraciones al señalar que los funcionarios (que son pareja) renunciaron a sus cargos luego de que los liberó un juez, y calificó de dolosas las notas informativas que indicaron que la mujer era su secretaria.
Afuera de la zona conocida como El Chaparral, donde cruzan legalmente cientos de fronterizos al día, David Pérez negó que haya una red de corrupción entre los oficiales asignados en Baja California, aunque admitió que al mes se suspende al menos a dos agentes por presuntas irregularidades.
El funcionario dijo que en la delegación del INM no había investigación contra Marte Antonio Camacho Solano, encargado del turno vespertino de la Garita de El Chaparral, ni contra María Elizabeth Paredes Sánchez, quien era oficial de Protección a la Infancia. Los dos renunciaron luego de que un juez les otorgó la libertad, insistió.
Previamente, en un comunicado, el INM informó que separó de sus cargos a ambos agentes por investigación administrativa, lo que contrapuntea la versión del delegado.
El cateo
Dijo que estas dos personas son esposos y ambos contaban con una incapacidad médica cuando se realizó el cateo por parte de agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Allí los hallaron en posesión de balas calibre 9 milímetros y casi 2 millones de pesos en efectivo.
El juez federal Óscar Saúl Cortés Ortiz calificó de ilegal la detención y ordenó que los pusieran en libertad.
Ante ello, la FGR apeló la resolución judicial considerando inédito que durante un cateo se califique de ilegal la detención de personas.
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