La desaparición de personas persiste como una de las violaciones a los derechos humanos más graves documentadas en la región Sierra-Frontera de Chiapas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.
De acuerdo con una investigación del Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF), que da continuidad al informe «Asedio a la vida cotidiana» publicado en enero de 2024, se tienen testimonios de habitantes, entrevistas con expertos, información oficial y documentación de organizaciones de derechos humanos sobre estos hechos.
La reducción de la violencia visible no es suficiente
El informe, dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), señala que los hallazgos muestran un escenario más complejo que las narrativas que presentan a Chiapas como un territorio plenamente pacificado.
Refiere que en 2025 se registró una reducción de algunas expresiones visibles de violencia, como enfrentamientos armados abiertos, bloqueos carreteros y retenes instalados por grupos criminales.
Sin embargo, apunta, la evidencia indica que esta estabilización parcial no ha venido acompañada de una transformación equivalente de las condiciones que dieron origen a la crisis,, por lo que la pacificación de la Región Sierra-Frontera sigue siendo una tarea pendiente.
Desaparición como mecanismo de terror y control social
Según el informe, la desaparición de personas continuó siendo una de las violaciones a derechos humanos más graves documentadas en la región.
Lejos de constituir hechos aislados, los casos muestran la persistencia de patrones de violencia asociados al control territorial ejercido por grupos de la delincuencia organizada.
La información recopilada indica que la desaparición sigue funcionando como un mecanismo de terror, castigo y control social, y que las personas desaparecidas no son seleccionadas al azar, sino que se utilizan para disciplinar poblaciones, castigar liderazgos comunitarios y consolidar el dominio sobre determinados territorios.
Subregistro de casos y desconfianza institucional
Los registros oficiales muestran que la Región Sierra-Frontera concentró 10.58% de las desapariciones registradas en Chiapas durante el periodo analizado, pero la magnitud real del fenómeno probablemente excede las cifras disponibles.
Detalla que el miedo a represalias, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de impunidad continúan limitando la denuncia y contribuyen al subregistro de casos, y la población sigue enfrentando profundos obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.
Estrategia de seguridad y narrativa oficial
De acuerdo con el informe de GTRF, durante el primer año de la actual administración estatal, la estrategia de seguridad produjo cambios perceptibles en la región.
Señala que la reducción de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y retenes fue reconocida de manera consistente por las personas entrevistadas.
Estos cambios ocurrieron en el marco del fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado mediante el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y equipamiento militar, apunta.
Sin embargo, añade que la evidencia invita a matizar los indicadores oficiales y a analizar la situación desde la experiencia de las comunidades y la vigencia de los derechos humanos.
