Este sábado, el Congreso de Sinaloa aprobó, por unanimidad, la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo durante 30 días, en tanto se desarrolla una investigación en su contra por supuestos vínculos con el crimen organizado.
En sesión pública extraordinaria, esta mañana los diputados aprobaron la solicitud para separarse del cargo que la noche del viernes 1 de mayo Rocha Moya presentó formalmente para enfrentar las acusaciones “con tranquilidad”.
El mismo día, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también anunció su licencia, dado que se le acusa por iguales causas.
Ambas solicitudes se presentan después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará sus propias investigaciones respecto de las acusaciones de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
En su mensaje, Rubén Rocha dijo: “Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”.
Aseguró que puede ver de frente a la ciudadanía y a su familia, y que demostrará su inocencia ante las autoridades que lo investigan.
Rocha Moya y Gámez Mendívil, así como otros ocho funcionarios y exfuncionarios enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que los vinculan con el Cártel de Sinaloa, lo que derivó que en México la FGR tomara el caso e iniciara sus propias investigaciones.
Investigación federal y cambio de postura
El gobernador Rocha Moya, quien inicialmente rechazó pedir licencia, modificó su postura después de que la FGR anunciara el inicio de una investigación formal y solicitara a Estados Unidos pruebas adicionales para sustentar una posible solicitud de detención con fines de extradición.
En un mensaje público, el mandatario afirmó tener la “conciencia tranquila” y calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”, al tiempo que justificó su separación del cargo como una medida para no interferir en las indagatorias y evitar un uso político del caso.
Cabildo nombra alcaldesa provisional en Culiacán
En sesión extraordinaria, el Cabildo de Culiacán aprobó la solicitud de Juan de Dios Gámez, sin su presencia física, y en su lugar se designó a Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional.
El edil forma también es acusado por autoridades estadounidenses, que lo vinculan con redes de narcotráfico, tráfico de fentanilo y corrupción institucional.
FGR cuestiona falta de pruebas de Estados Unidos
En el marco de esas acusaciones, la FGR señaló que la solicitud estadounidense carece de evidencia suficiente para proceder de inmediato con detenciones.
La Fiscalía solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionar la entrega de pruebas y documentación bajo carácter confidencial, a fin de evaluar la solidez jurídica de los señalamientos.
Gobierno federal y Morena cierran filas
En el plano nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, sin pruebas contundentes, las acusaciones de las autoridades estadounidenses podrían interpretarse como un acto de injerencia política externa.
De igual forma, el partido al que pertenece Rocha Moya, Morena, cerró filas en torno a él, subrayó la presunción de inocencia y cuestionó los posibles intereses detrás del caso.
Crisis política y tensión bilateral
La crisis generó incertidumbre política en Sinaloa, donde la salida simultánea de dos de sus principales autoridades abre un periodo de transición institucional en un contexto de alta presión mediática y judicial.
El caso introduce, además, tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, al involucrar acusaciones de alto nivel sin que, hasta el momento, exista una validación jurídica plena en territorio mexicano.
