Por Marcos Muedano
Ciudad de México, 23 mar. (AMEXI).- A tres décadas del asesinato del entonces candidato a la Presidencia de México Luis Donaldo Colosio, la investigación del asesino solitario, Mario Aburto Martínez, homicida confeso del crimen, se mantiene firme, a pesar de intentos por revivir distintas hipótesis sobre la participación de más personas en el magnicidio.
A Luis Donaldo Colosio, aspirante a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo asesinaron en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994.
Las autoridades detuvieron a diferentes personas, entre ellas a Mario Aburto Martínez, única persona sentenciada por el caso.
Otra de las líneas de investigación
Las líneas de investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), incluyen la supuesta participación de siete personas, entre ellas Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); de Tranquilino Sánchez Vega, entonces colaborador cercano al general Domiro García Reyes, encargado por el Estado Mayor Presidencial de la seguridad del candidato; Rodolfo Mayoral Esquer, hijo de Vicente Mayoral Valenzuela; así como Rodolfo Rivapalacio Tinajero, encargado de la logística del evento.
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Las indagaciones plantearon la participación de ellos a través de acciones coordinadas para permitir el paso de Mario Aburto hasta Luis Donaldo Colosio. También, una línea de investigación relacionada con un segundo disparador.
Sin embargo, el Ministerio Público no sustentó ninguna de ellas de forma adecuada para iniciar un proceso en contra de los presuntos implicados.
La única investigación sólida fue la abierta contra Mario Aburto, quien confesó el crimen, según consta en la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República.
La condena de Aburto
Por el asesinato, Mario Aburto recibió una condena de 45 años en diciembre de 1994. Fue ingresado al penal de Almoloya de Juárez hasta 2004. De 2004 a 2012 en Puente Grande, Jalisco, para después ser trasladado al penal federal de Huimanguillo, Tabasco, y al Centro Federal de Readaptación Social 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, donde permanece actualmente.
Durante los últimos años ha solicitado diferentes amparos para obtener su libertad. Uno de los más sólidos se encuentra en estudio en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Le otorgan amparo
En octubre de 2023, un Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de México otorgó un amparo a Mario Aburto a través del cual se anula la sentencia de 45 años de cárcel en su contra por el homicidio.
“Se dejó insubsistente la resolución de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, emitida en la toca penal 276/1994, del índice del entonces Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, en la Entidad, respecto del quejoso Mario Aburto”, menciona la sentencia.
La defensa de Aburto
De acuerdo con el Tribunal Colegiado, Mario Aburto no tuvo una defensa adecuada, además de que el delito se debió juzgar por el fuero común (Código Penal del Estado de Baja California) y no en el federal.
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En caso de que Mario Aburto se hubiera sometido a un juicio en el fuero común, ya habrían cumplido los 30 años de pena máxima, por lo que se anula la condena de 45 otorgada en el fuero federal.
Ese mismo mes, la FGR se inconformó contra la sentencia. En el documento pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver el caso.
El caso fue turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asignado a la ministra Margarita Ríos Farjat. El proyecto de sentencia plantea anular el recurso de revisión solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), con el que se busca anular el fallo del Tribunal Colegiado de Apelación que otorgó el amparo a Mario Aburto.
El proyecto de sentencia argumenta la falta de evidencias para analizar el caso a través de un tema de constitucionalidad, motivo por el cual, no debió ser atraído a estudio por la SCJN.
La Suprema Corte enlistó el estudio y votación del proyecto el pasado 13 de marzo; sin embargo, durante la sesión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió posponerlo para analizarlo con detenimiento. Hasta el momento no hay fecha para su discusión en la sesión.
FGR trató de revivir hipótesis de más participantes
Desde abril de 2023 la FGR buscó revivir el expediente a partir de una indagación en la cual se establece la participación de dos homicidas y no sólo la de Mario Aburto Martínez.
La FGR buscó establecer un “complot” de diferentes personas en el crimen. La estructura para llevar a cabo el magnicidio, según la FGR, la integran exfuncionarios de los extintos PGR y Cisen, así como autoridades del gobierno federal.
La investigación se asignó a Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF). El Ministerio Público pidió al juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales emitir una orden de captura contra Jesús Alberto Chávez, exelemento del extinto Cisen.
El juez determinó la falta de solidez en la indagación y presentación de pruebas, por lo que adelantó un inminente revés en el juicio para la FGR, al solo presentarse como prueba el testimonio de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de en la fábrica de plástico Camero Magnéticos.
Leticia Ortiz declaró ver a Jesús Alberto Chávez Hernández en el inmueble. También lo identificó a través de dos fotografías. La falta de claridad en los datos de prueba del Ministerio Público originó el rechazo del juez para emitir la orden de captura.
Reapertura del expediente a petición de la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió en octubre de 2021 a la Fiscalía General de la República abrir una nueva investigación del caso del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al considerar la existencia de “nuevas consideraciones y hallazgos” relacionados con graves violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto.
En la solicitud la CNDH pidió a la Fiscalía General de la República analizar múltiples omisiones, ocultamientos y acciones registradas en las investigaciones para “subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima (Mario Aburto) y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad.
“Tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de entonces (sic) la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General-, así como los agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del Cefereso número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra”.
También pidió al gobierno mexicano “responda por sus actos, no sólo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder”.
