Consejero pide investigar presuntas irregularidades en el INE
El consejero electoral Arturo Castillo Loza consideró que las presuntas irregularidades en la administración de Guadalupe Taddei podrían constituir delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y pidió dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso Taddei, Castillo identificó dos posibles delitos: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Aclaró que corresponde a la Fiscalía determinar si las conductas denunciadas encuadran en alguno de ellos.
El consejero también anunció que las consejerías impulsarán denuncias anónimas de funcionarios y revisarán las licitaciones y contrataciones vigentes realizadas durante la administración anterior.
Caso Taddei: los delitos que señaló Arturo Castillo
En entrevista con medios de comunicación, Castillo sostuvo que los hechos señalados públicamente podrían configurar delitos de corrupción perseguidos de oficio y sujetos a prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional.
«La reforma se hizo justamente para evitar que las personas se sustraigan de la justicia. Actualmente las cárceles están llenas de pobres a los que se les ha aplicado esta figura», expresó.
El consejero consideró que el caso Taddei debería ser valorado bajo ese criterio y manifestó su expectativa de que la FGR ya realice las indagatorias correspondientes.
Al preguntarle cuáles serían los posibles delitos, respondió que podrían ser enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, ambos contemplados en el Código Penal Federal.
Sin embargo, precisó que será la Fiscalía la que determine qué conductas deben investigarse y si existen elementos para establecer responsabilidades.
El artículo 19 constitucional incluye ambos delitos entre los supuestos de prisión preventiva oficiosa en materia de corrupción. Su aplicación requiere que los hechos se encuadren en las hipótesis legales correspondientes; los señalamientos por sí solos no acreditan responsabilidad penal.
INE abrirá denuncias anónimas y revisará contratos
Castillo informó que las consejerías acordaron habilitar un mecanismo para que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) puedan presentar denuncias anónimas sobre posibles irregularidades dentro del organismo.
«Que nos hagan del conocimiento todo lo que está pasando, después de que la presidenta Taddei no nos dejaba ver absolutamente nada», comentó.
Además, anunció una revisión de todas las licitaciones que permanecen activas y que fueron realizadas durante la administración anterior.
Explicó que, si alguna contratación requiere una auditoría o una revisión adicional, se procederá para esclarecer posibles irregularidades y llegar al fondo de los hechos.
La revisión comprende contratos vigentes, entre ellos los relacionados con la producción de la credencial para votar, de acuerdo con lo informado por el consejero.
Taddei rechazó irregularidades y pidió investigar con evidencia
Antes de presentar su renuncia, Guadalupe Taddei rechazó los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés e irregularidades en las contrataciones del INE.
En entrevista con IMER Noticias, el 23 de octubre, aseguró que el Instituto cuenta con mecanismos internos de control y supervisión. También sostuvo que las acusaciones respondían a una estrategia para afectar la credibilidad de la autoridad electoral.
«Entendemos que hay un objetivo de desestabilizar a la institución, de restarle credibilidad», declaró.
En otra entrevista, con Enfoque Noticias, negó que existiera conflicto de interés y sostuvo que la Presidencia del INE no interviene directamente en los procedimientos técnicos de adjudicación de contratos.
Asimismo, informó que solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los procedimientos administrativos y anunció la creación de un micrositio público para consultar contrataciones, proveedores y documentos relacionados con el ejercicio de los recursos institucionales.
En su mensaje del 25 de octubre, cuando anunció que presentaría su renuncia al día siguiente ante la Cámara de Diputados, insistió en que los señalamientos debían examinarse con evidencia y por las vías institucionales.
«La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse», expresó.
La exconsejera presidenta sostuvo que su salida respondía a la convicción de proteger al Instituto por encima de cualquier interés coyuntural o personal.
Lee también:
Nueva presidenta del INE debe salir por consenso; Morena intentará frenar eso
