El gobierno federal mandó a la Comisión Permanente una reforma para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo cual busca evitar que haya candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
“Queremos jueces comprometidos con la Constitución y con la gente, no con estructuras de complicidad; la autonomía no se pierde por escuchar la voluntad popular, al contrario, se fortalece”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en referencia a la iniciativa para modificar al Poder Judicial, entregada ayer ante el Poder Legislativo.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, explicó, se trata de un mecanismo que permitirá a todos los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, y de encontrarse posible riesgo, se presentarán denuncias.
En la Mañanera del Pueblo, la presidenta Sheinbaum Pardo defendió firmemente el avance de la reforma al Poder Judicial, asegurando que los cambios estructurales garantizarán una verdadera impartición de justicia y erradicarán la corrupción en los tribunales del país.
Al responder a preguntas sobre los retos de implementación, la mandataria enfatizó que el proceso es democrático e irreversible: “La reforma al Poder Judicial no es un capricho de la Presidencia, es un mandato del pueblo mexicano que exige una justicia limpia, transparente y que no esté al servicio de unos cuantos intereses creados”.
La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas
Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo, fue la encargada de explicar la propuesta.
Mencionó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas la integrarán cinco consejeros electorales seleccionados por el Consejo General del INE y tendrán esta función tres años.
Los partidos, dijo, entregarán “voluntariamente” la lista de sus aspirantes y la comisión contrastará la información sobre ellos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), para descartar posibles nexos con el crimen organizado.
Elección de jueces y leyes secundarias
La presidenta Sheinbaum reiteró que los nuevos mecanismos de elección de jueces, magistrados y ministros buscan devolver la legitimidad a las instituciones judiciales, descartando que la autonomía del sistema esté en riesgo. “La autonomía no se pierde por escuchar la voluntad popular, al contrario, se fortalece”.
Señaló que su administración mantendrá los canales de diálogo abiertos con el Legislativo para asegurar que las leyes secundarias de la iniciativa den certeza jurídica y estabilidad al país, afirmando que el objetivo final es consolidar un Estado de derecho robusto y eficiente.
Cooperación de seguridad y relación con Estados Unidos
En otro tema, Sheinbaum confirmó que se pospone el encuentro con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, debido a problemas de agenda de la estadunidense, pero expuso que hoy se reunirá con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional del país vecino. Con el gabinete de seguridad se revisará la cooperación bilateral.
También se desprendieron preguntas respecto al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Sheinbaum aseguró que está en su casa en Sinaloa, bajo resguardo de la Guardia Nacional.
Reiteró que “no se cubrirá a nadie”, pero defendió su presunción de inocencia, exigiendo a Estados Unidos pruebas formales para actuar.
