Iniciativa propone aplazar elección judicial a 2028
Por Maribel Islas y Saúl Santana
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este miércoles al Senado de la República la iniciativa presidencial de reforma constitucional que propone aplazar hasta el 1 de junio de 2028 la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, originalmente prevista para 2027, luego de cuestionamientos técnicos, advertencias logísticas y críticas sobre inconsistencias detectadas tras la reciente reforma judicial.
Acompañada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, la titular de Segob presentó el proyecto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un acto encabezado por la presidenta de ese órgano, la senadora Laura Itzel Castillo, y los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal e Ignacio Mier Velazco.
La propuesta presidencial busca modificar el calendario de elección de integrantes del Poder Judicial federal bajo el argumento de fortalecer la organización electoral, reducir complejidades operativas y corregir problemas detectados en el nuevo modelo de votación judicial aprobado en 2025.
📷 La presidenta de la Mesa Directiva, @LauraI_Castillo, y el presidente de Jucopo, @NachoMierV, recibieron en el Senado a la titular de la Secretaría de Gobernación, @rosaicela_. https://t.co/ubBFZWicQ1 pic.twitter.com/2POgrEyKFz
— Senado de México (@senadomexicano) May 20, 2026
Gobierno federal considera necesario corregir problemas operativos
Durante la entrega de la iniciativa, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el objetivo es “fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia” y sostuvo que la transformación judicial impulsada por el gobierno federal requiere ajustes para consolidarse.
“Profundizar en la transformación de este sistema es un proceso que inició en 2025, porque en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos convencidos de que el verdadero poder reside en el pueblo”, declaró la funcionaria federal.
La iniciativa reconoce además los desafíos logísticos advertidos por diversos actores, incluido el Instituto Nacional Electora (INE), respecto a la organización simultánea de procesos electorales complejos, la integración de boletas judiciales y la operación territorial del nuevo esquema de votación.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, aseguró que la reforma pretende evitar “distorsiones” entre el sistema político-electoral y el nuevo modelo judicial.
“Al garantizar que no haya distorsiones se asegura también la estabilidad, al separar en el tiempo la concurrencia de la revocación y la elección de los integrantes del Poder Judicial”, sostuvo el legislador morenista.
Menos candidaturas y nuevas reglas para las boletas
El proyecto presidencial también incorpora cambios relevantes al diseño de la elección judicial. Entre ellos, plantea reducir el número de candidaturas por cargo y especialidad para disminuir la saturación de boletas y simplificar el proceso de votación ciudadana.
La propuesta establece que los comités de evaluación de los tres poderes revisarán perfiles con base en conocimientos jurídicos, experiencia profesional, antecedentes y buena fama pública. Posteriormente seleccionarán cuatro aspirantes por cargo y, mediante un proceso de insaculación pública, quedarán únicamente dos candidaturas finales.
Asimismo, la nueva boleta electoral distinguiría claramente qué perfiles corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o a jueces en funciones que busquen reelección.
Otro ajuste relevante consiste en facultar al INE para dividir el territorio en distritos judiciales específicos, con el propósito de que cada ciudadano vote únicamente por jueces y magistrados vinculados con una determinada materia o especialidad.
La iniciativa también propone crear una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes, a fin de homologar criterios de selección y reducir diferencias en los filtros aplicados a los aspirantes.
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Oposición y especialistas habían advertido fallas en la reforma
La propuesta de aplazar la elección judicial ocurre después de meses de cuestionamientos de especialistas electorales, organizaciones civiles y partidos de oposición, que señalaron riesgos de improvisación normativa, saturación de boletas, baja participación ciudadana y complejidad operativa en la implementación de la reforma judicial.
Diversos consejeros del INE habían advertido previamente sobre dificultades presupuestales, técnicas y territoriales para organizar simultáneamente elecciones judiciales de gran escala con otros procesos nacionales.
Juristas y especialistas también cuestionaron la amplitud inicial de candidaturas y la ausencia de criterios homologados para la evaluación de perfiles, elementos que ahora el propio gobierno federal busca modificar mediante esta nueva reforma constitucional.
Morena prevé aprobar la reforma en periodo extraordinario
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la iniciativa comenzará a discutirse en comisiones legislativas en las próximas horas y podría llegar al pleno de San Lázaro el próximo miércoles durante el periodo extraordinario que convocará la Comisión Permanente.
“No vamos a abreviar ni generar medidas rápidas; obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado”, afirmó el legislador.
Monreal explicó que, tras su eventual aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, la reforma deberá ser avalada por al menos la mitad más uno de los congresos estatales para posteriormente emitirse la declaratoria de constitucionalidad y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
El oficialismo prevé que las modificaciones entren en vigor entre el 2 y 3 de junio.
La iniciativa confirma que el propio gobierno federal reconoce la necesidad de corregir aspectos operativos, técnicos y normativos de la reforma judicial aprobada apenas meses atrás, en medio de un debate todavía abierto sobre la viabilidad, organización y legitimidad del nuevo modelo de elección de jueces y magistrados en México.
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