Acción Nacional escala ofensiva política y jurídica en el caso Rubén Rocha
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados presentaron este martes una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en medio de la crisis política y de seguridad que atraviesa la entidad y tras recientes señalamientos difundidos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de actores políticos mexicanos con el narcotráfico.
La petición fue entregada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por legisladores encabezados por el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que Acción Nacional buscará “agotar todos los recursos legales” para impedir impunidad en el caso.
El líder panista adelantó además que este miércoles solicitarán formalmente, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la desaparición de poderes en Sinaloa. Justificó la petición considerando que existen condiciones constitucionales y políticas para promover esa medida extraordinaria.
“Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad”, declaró Romero.
¡Morena es un narcopartido!
En rueda de prensa desde la Cámara de Diputados, nuestro Presidente Nacional @JorgeRoHe, junto a nuestros Coordinadores @RicardoAnayaC y @eLiasLixa, anuncia la solicitud de un juicio político contra el narcogobernador @rochamoya_.
No vamos a guardar… pic.twitter.com/YvRF35pf7l
— Acción Nacional (@AccionNacional) May 11, 2026
PAN pide juicio político contra Rubén Rocha y busca llegar a instancias internacionales
Durante el anuncio, Romero también informó que un grupo de legisladores y representantes panistas acudirá a instancias internacionales en La Haya, Países Bajos. Detalló que el objetivo será presentar una denuncia relacionada no sólo con presuntos nexos con el crimen organizado, sino también por posibles delitos de lesa humanidad vinculados con la violencia que vive el país.
Aunque no detalló el alcance jurídico de esa acción ni los mecanismos concretos que pretenden activar ante organismos internacionales, el dirigente sostuvo que el PAN buscará mantener presión política e institucional sobre el caso.
La ofensiva ocurre en un contexto de creciente confrontación entre oposición y oficialismo por la situación de seguridad en Sinaloa. Asimismo, por los señalamientos surgidos tras la captura y traslado a Estados Unidos de integrantes relevantes del narcotráfico mexicano.
Argumentos del PAN para justificar el juicio político contra Rubén Rocha
El coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa, aseguró que su partido lleva años denunciando presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
“No es verdad que nosotros actuemos en consecuencia de lo que diga otro país, porque hemos sido los primeros en señalar los innegables, vergonzosos y bochornosos vínculos que en este país existen entre gobernantes e integrantes del crimen organizado”, afirmó.
Lixa sostuvo que el caso de Rocha Moya es, desde la perspectiva panista, uno de los más visibles y urgentes de investigar. Señaló que existen denuncias, investigaciones y hechos públicos que, a juicio de su bancada, justifican iniciar procedimientos políticos y legales.
“Existen elementos públicos, existen denuncias, existen investigaciones, existen hechos notorios conocidos por todas y por todos”, declaró.
Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial firme en México que vincule penalmente a Rocha Moya con delitos relacionados con narcotráfico o delincuencia organizada.
Ricardo Anaya revive acusaciones ligadas al proceso electoral de 2021
Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que existen elementos suficientes para investigar penalmente al gobernador sinaloense con licencia.
El senador retomó acusaciones formuladas previamente por Acción Nacional relacionadas con el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. Agregó también presuntas presiones del crimen organizado durante aquella contienda.
Anaya recordó el caso de la entonces candidata aliancista Paola Gárate, quien —según sostuvo— habría sido privada ilegalmente de la libertad junto con operadores políticos durante el proceso electoral.
“¿Cómo se atreven a decir que no hay pruebas cuando a nuestra entonces candidata de la alianza, diputada Paola Gárate, la secuestraron? El crimen organizado, para favorecer a Morena, la secuestró a ella y a decenas de operadores”, afirmó.
El legislador también volvió a mencionar el caso del exrector y político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado en 2024. Ese caso, dijo, es uno de los elementos que las autoridades mexicanas deben investigar a profundidad.
Las declaraciones de Anaya forman parte de señalamientos políticos realizados por el PAN en los últimos años. Hasta ahora, las autoridades federales no han imputado formalmente a Rocha Moya por esos hechos.
Sinaloa, bajo presión política y de seguridad
La solicitud de juicio político se presenta en uno de los momentos más delicados para Sinaloa en materia de seguridad, gobernabilidad y presión internacional.
La entidad enfrenta desde hace meses una escalada de violencia vinculada a disputas entre grupos criminales. También sufre una creciente tensión política derivada de los señalamientos cruzados entre oposición y oficialismo sobre posibles vínculos entre estructuras políticas y organizaciones del narcotráfico.
En paralelo, el debate público se intensificó luego de versiones y declaraciones difundidas en Estados Unidos relacionadas con investigaciones sobre actores políticos mexicanos y redes criminales. En México, esos señalamientos han provocado confrontaciones entre Morena y la oposición, particularmente el PAN.
Rocha Moya se encuentra actualmente con licencia temporal del cargo de gobernador.
Juicio político y desaparición de poderes: escenarios distintos
Aunque el PAN anunció ambas acciones de manera simultánea, se trata de mecanismos distintos.
El juicio político es un procedimiento previsto en la Constitución para determinar responsabilidades políticas de servidores públicos por actos u omisiones que afecten intereses públicos fundamentales o el adecuado despacho de sus funciones.
La desaparición de poderes, en cambio, constituye una medida excepcional incluida en el artículo 76 constitucional. Dictaminar su procedencia requiere que el Senado determine que en una entidad federativa han dejado de funcionar los poderes constitucionales.
Especialistas consideran que ambos procedimientos tienen alta complejidad política y jurídica, además de requerir amplias mayorías legislativas.
Por ahora, la ofensiva panista abre un nuevo frente de confrontación política nacional alrededor de Sinaloa, en medio de un escenario marcado por violencia criminal, presión internacional y disputa por el control del relato público sobre la relación entre política y narcotráfico.
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