Por Saúl Santana Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este lunes con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, en un contexto marcado por la tensión diplomática con Estados Unidos, tras el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El encuentro, realizado a puerta cerrada en el Salón Tesorería alrededor de las 13:30 horas, se dio después del regreso del gabinete de Seguridad de Culiacán, Sinaloa, en medio de la presión por la solicitud del gobierno estadounidense para detener con fines de extradición a una decena de funcionarios sinaloenses.
Los temas de la reunión
Durante la reunión, la mandataria y sus funcionarios revisaron los avances en obras públicas, programas sociales y planes de justicia, con la insistencia en fortalecer el trabajo territorial y la cercanía con la población.
Sheinbaum Pardo instruyó a los integrantes del gabinete a definir si participarán en el proceso electoral de 2027, a fin de anticipar ajustes institucionales y evitar vacíos en la administración pública.

El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, confirmó este llamado presidencial y comentó que “fue una reunión de carácter general; (la presidenta) nos ha pedido que fortalezcamos nuestro trabajo en territorio”.
La presencia del gabinete de Seguridad –Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles– resultó especialmente significativa por su participación previa en operativos en Sinaloa y la coordinación con el gobierno interino.
Postura frente a Estados Unidos y defensa del debido proceso
Previamente, Sheinbaum reiteró que su administración no encubrirá a ningún servidor público, pero exigió que Estados Unidos presente pruebas suficientes para sustentar las acusaciones contra Rocha Moya.
El gobierno mexicano ha precisado que, hasta ahora, no existe una solicitud formal de extradición de Rubén Rocha, sino una petición preliminar que requiere sustento jurídico, por lo que cualquier acción deberá apegarse al marco legal nacional.
La mandataria también subrayó que México actuará con base en la ley y en la defensa de la soberanía nacional, rechazando presiones externas en procesos judiciales.
Encuentro con legisladores y cierre de filas
La presidenta también sostuvo una reunión con legisladores de Morena y partidos aliados para evaluar el periodo ordinario concluido el 29 de abril y definir prioridades legislativas.
En el encuentro se abordó la postura del bloque oficialista frente a la crisis con Estados Unidos, así como la defensa del debido proceso y la coordinación política ante señalamientos contra funcionarios mexicanos.
Los legisladores expresaron su respaldo a la presidenta y coincidieron en que la soberanía y el respeto a los procedimientos legales no están sujetos a negociación.
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