El pleno de la Cámara de Diputados se alista para discutir la próxima semana dos dictámenes de las controvertidas reformas constitucionales: la extinción de siete órganos autónomos y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad de ambos dictámenes que derivan del paquete de iniciativas que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado.
Dictamen de prisión preventiva oficiosa
La reforma al artículo 19 constitucional establece que el juez “ordenará” la prisión preventiva oficiosa en los casos de “extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas conforme a las leyes aplicables”.
Además, en los casos de “defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley”.
En los considerandos del dictamen se indica que la prisión preventiva oficiosa constituye un instrumento que, al restringir precautoriamente la libertad de los probables infractores, coadyuva tanto al control de la criminalidad como a la investigación de los delitos y fortalece la paz y el orden sociales.
La prisión preventiva oficiosa, para contener los delitos
En el dictamen se destaca que se deben prever las figuras delictivas propuestas para contenerlas y redimirlas al emplear el mecanismo de la prisión preventiva oficiosa, sin demérito de los derechos que le corresponden a los que se encuentren sujetos a la medida cautelar.
No obstante, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, consideró que se debe excluir la defraudación fiscal del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa por lo delicado del asunto y para que no se cometan acciones indebidas.
Aclaró que serán las comisiones las que determinen si prospera o no su propuesta.
¿Qué organismos autónomos proponen extinguir?
Los legisladores discutirán en el pleno reformas a los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política a fin de extinguir siete órganos autónomos.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
- Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Recursos que genere la extinción irán a Pensiones para el Bienestar
El dictamen argumenta que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas se respetarán en su totalidad, “en términos de la legislación aplicable“.