El diputado federal Óscar Fernando Torres Castañeda propone otorgar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) facultades sancionadoras ante actos discriminatorios.
El legislador priista presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la discriminación en México.
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Un Conapred con mayor capacidad de acción
La propuesta busca que el Conapred pueda iniciar procedimientos sancionadores de oficio o a petición de parte, cuando tenga conocimiento de actos de discriminación.
- Las sanciones contempladas incluyen:
- Amonestaciones
- Multas y medidas de reparación del daño
- Y otras disposiciones que se establecerán en el reglamento de la ley.
El diputado federal explica que con este procedimiento se garantizará el derecho de audiencia y defensa del presunto infractor, respetando los principios de legalidad y debido proceso.
Accesibilidad y ajustes razonables
La iniciativa también refuerza las medidas de nivelación que los poderes públicos deben implementar, como:
- La eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas
- Adopción de ajustes razonables para garantizar la accesibilidad universal en espacios abiertos al público
- Asegurar el acceso a servicios digitales, tanto públicos como privados, mediante el uso de tecnologías accesibles
- Subtitulación, interpretación en lengua de señas y formatos alternativos, con el fin de garantizar la inclusión de personas con discapacidad
Un mensaje contra la impunidad
En la exposición de motivos, Torres Castañeda subrayó que, sin consecuencias reales, la ley corre el riesgo de ser letra muerta.
La posibilidad de imponer sanciones administrativas no solo castigaría actos discriminatorios, sino que enviaría un mensaje claro: la discriminación no será tolerada por el Estado mexicano.
El legislador enfatizó que fortalecer la ley es una tarea que trasciende lo jurídico, pues representa una declaración de principios:
“México debe ser un país donde la dignidad humana no se negocia y donde la democracia garantice igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su origen, condición o identidad”.
Hacia una democracia más inclusiva
Torres Castañeda concluyó que una democracia que no protege a sus sectores más vulnerables es una democracia incompleta.
La igualdad no puede seguir siendo una aspiración retórica, sino una práctica cotidiana respaldada por leyes robustas, mecanismos eficaces y voluntad política.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen, en un contexto donde la lucha contra la discriminación sigue siendo un desafío clave para la consolidación de una sociedad más justa e incluyente.
