El cambio tecnológico abre dudas sobre operación y fiscalización.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las bases para implementar el Sistema de Contabilidad en Línea (SCL), que se utilizará para registrar y fiscalizar los ingresos y gastos de partidos políticos, precandidaturas y candidaturas durante el proceso electoral 2026-2027.
El cambio sustituirá para las operaciones de campaña al actual Sistema Integral de Fiscalización (SIF), cuya infraestructura tecnológica, según el consejero Jorge Montaño Ventura, presenta limitaciones de rendimiento y obsolescencia frente a las exigencias del próximo proceso electoral. El funcionario, presidente de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que mantener la plataforma actual comprometería la oportunidad y eficacia de las revisiones.
Montaño afirmó que la fiscalización debe garantizar que los recursos utilizados en política tengan un origen lícito y sean transparentes. Sin embargo, la implementación de una nueva plataforma no garantiza por sí misma que se impida el ingreso de dinero ilícito a las campañas, particularmente de recursos procedentes del crimen organizado.
Partidos cuestionan tiempos, costos y condiciones técnicas
Durante la sesión extraordinaria urgente de este 11 de noviembre, representantes de Somos, el PRI y el PAN cuestionaron el tiempo disponible para revisar el proyecto y pidieron información sobre el costo del sistema y sus proveedores.
Marco Baños, representante suplente de Somos, objetó que los partidos recibieran con poco margen la documentación de una herramienta que deberán utilizar para reportar sus ingresos y gastos. Consideró insuficiente el tiempo para analizar las condiciones de operación del nuevo mecanismo.
Por su parte, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, aclaró que su preocupación no radica en la actualización tecnológica, sino en los riesgos de una implementación precipitada. Advirtió que una transición sin condiciones técnicas y jurídicas suficientes podría generar incertidumbre y afectar la continuidad operativa durante las elecciones.
SCL y SIF no tendrán interoperabilidad
La consejera electoral Carla Humphrey Jordan explicó que el nuevo Sistema de Contabilidad en Línea no tendrá interoperabilidad con el Sistema Integral de Fiscalización. Los registros históricos del SIF permanecerán en su propia base de datos para consulta.
El SIF continuará utilizándose para los informes de gastos ordinarios de los partidos, mientras que el nuevo sistema se destinará a las operaciones de precampaña y campaña. Humphrey señaló que la plataforma anterior también funcionará como mecanismo de contingencia si el SCL presenta fallas.
La coexistencia de ambas herramientas no implica que compartan información o bases de datos. La falta de interoperabilidad plantea exigencias de coordinación y continuidad operativa, especialmente durante los periodos de registro y revisión de ingresos y gastos electorales.
Sin proveedores identificados ni costo presentado
Ante los cuestionamientos de los partidos, Humphrey afirmó que el proyecto fue desarrollado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), sin proveedores externos identificados para el sistema.
Sobre el costo, indicó que el Consejo General deberá conocer posteriormente un informe para precisar los recursos que se destinaron al desarrollo e implementación del sistema. Por tanto, durante la sesión no se presentó una cifra pública sobre el costo total del proyecto.
La discusión ocurre en medio de una crisis institucional en el INE. Guadalupe Taddei Zavala renunció a la presidencia del organismo en octubre, después de los señalamientos relacionados con contrataciones y posibles conflictos de interés. La consejera Blanca Cruz García asumió provisionalmente la conducción del Consejo General.
El 27 de octubre también renunció José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la UTSI, junto con otros dos funcionarios. Las salidas ocurrieron durante la revisión interna de la estructura directiva y de los procedimientos de contratación del Instituto.
El INE conserva la responsabilidad de fiscalizar
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos facultan al INE para revisar el origen, monto y destino de los recursos de los partidos y las candidaturas.
La fiscalización comprende los informes de ingresos y gastos, la documentación comprobatoria y las auditorías correspondientes. La responsabilidad de verificar la legalidad de los recursos recae en el Instituto, independientemente de la plataforma tecnológica que utilice.
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