Ciudad de México, 10 jun. (AMEXI).- El pasado 2 de junio, en una jornada electoral histórica, con 35 millones 924 mil 519 de votos, se eligió a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como la próxima presidenta de México, quien sustituirá a partir del 1 de octubre próximo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En una votación inesperada, la primera mujer presidenta de México, superó todas las expectativas, convirtiéndose en la presidenta con más votos en el país, que gobernará con un partido con cuyos aliados tendría la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, además de dominar la mayoría de los congresos locales.
Este triunfo abrumador y el carro completo en el Congreso no les cayó nada bien a los dueños de la riqueza en México, a pesar de que la promesa de la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” siempre fue continuar la política de la autodenominada “Cuarta Transformación” y llevar a un segundo piso este proceso de acumulación capitalista que permitió a los banqueros y empresarios del país, obtener tantas ganancias en los últimos 5 años, como nunca antes.
Atender los intereses de los pobres o de los ricos
Lo lógico para el pueblo mexicano, después de haberle entregado un triunfo histórico al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), es que la presidente electa ejerciera el poder que ahora ostenta con los cerca de 36 millones de votos e implementara todas los cambios necesarios y concretara lo que AMLO se comprometió echar abajo como las reformas neoliberales que fueron implementadas durante los últimos 7 sexenios, los cuáles siguen totalmente vigentes.
Sin embargo, a una semana del aplastante triunfo de Sheinbaum y su Partido, parece que todo camina en sentido contrario, no sólo por la voluntad de la Presidenta electa o de los millones de votos, sino por la puesta en acción de los poderes reales que ejerce la oligarquía financiera nacional e internacional, que notablemente son los que deciden y decidirán en México.
La reacción de los mercados financieros y la respuesta de Sheinbaum
Para que no quedara lugar a dudas sobre el poder que ejercen, el mismo 3 de junio, una vez conocido los resultados electorales, desde el mercado de valores y el mercado cambiario, el capital financiero hizo sentir su poder, con la caída del 6.79% en la Bolsa Mexicana de Valores, cerca de suspender actividades.
A partir de ese día, la depreciación del peso mexicano frente al dólar inició su proceso, y este mismo lunes llegó a niveles cercados a 19 pesos por unidad en ventanillas bancarias.
Estos golpes en el sector bursátil y en el mercado cambiario tuvieron como objetivo sentar al nuevo equipo gobernante, para leerle la cartilla e imponer condiciones en la política económica para el siguiente sexenio.
La presión de los organismos nacionales e internacionales
Detrás de esta sacudida, vinieron en cascada las declaraciones y llamadas de la Asociación de Bancos de México, el Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ante quienes la Presidenta electa tuvo que comprometerse a garantizarla “estabilidad económica” léase: máxima rentabilidad de las inversiones.
Hasta la calificadora Moody’s, amenazó con bajar la calificación de México, por las promesas del nuevo gobierno de elevar a mandato constitucional los programas sociales, que amenazaría a que se les cobrara más impuestos a los empresarios.
En estas circunstancias, la Presidenta electa imposibilitada de conciliar dos intereses antagónicos, el de los pobres que votaron por ella y el de los ricos que ahora le exigen, optó por inclinarse del lado de los dueños de los grandes capitales, quienes al parecer serán los que verdaderamente decidan a lo largo del siguiente sexenio.
Confirmación de política y del secretario de Hacienda
Para “tranquilizar” a los mercados financieros, Sheinbaum decidió anunciar que no hará efectiva la mayoría absoluta que el pueblo le dio para impulsar las reformas al poder judicial y al sistema político, que proponía la elección con voto popular a los integrantes de estos órganos, se comprometió con los banqueros y empresarios de que se abriría un proceso de diálogo, es decir, escuchará a los empresarios si les gustan o no, estas reformas.
La otra decisión crucial que le impusieron los banqueros y los empresarios a la presidenta electa fue la ratificación en el cargo de Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un alfil de los hombres más ricos de este país, pues les prometió mantener la política hacendaria que el sexenio actual, en el que se les permitió acrecentar sus ganancias como nunca antes.
Estos hechos de la semana, demuestran claramente que no es lo mismo votar que decidir, fueron casi 36 millones de votos, pero entraron en acción quienes por muchas décadas han tenido el poder en nuestro país; sería cosa distinta si esos 36 millones, se transformaran en una fuerza organizada y movilizada, que imponga cambios reales desde una perspectiva proletaria y popular.
En estas nuevas condiciones hay que seguir proyectando los senderos de nuestra lucha de clases.