Por Luis Carlos Rodríguez
Apenas unas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta y defendió la participación de militares vestidos de Guardia Nacional en labores de seguridad pública, el asesinato de seis migrantes nos regresó a la triste y terca realidad que sufren cientos de miles de extranjeros, desde los tiempos de Calderón, Peña, López Obrador y que al parecer continuarán en el nuevo gobierno.
La militarización de la ruta migratoria que se traduce en la persecución de migrantes, por medio de retenes, de redadas en estaciones de autobuses, en hoteles, la persecución de vehículos y, en el peor de los escenarios, lo que ocurrió esta semana en Chiapas: Acribillarlos bajo pretexto de que el vehículo en el que viajaban no obedeció una señal de alto.
No es un caso aislado, ni único de los militares. También han participado integrantes de la Marina y de la Guardia Nacional, lo que demuestra que la negada militarización no es una política humanista, ni es puente de seguridad, porque en muchos casos incurren en excesos, violaciones a los derechos humanos o incluso crímenes.
Los militares y los soldados vestidos de Guardia Nacional no cuentan con la preparación de protección y seguridad pública. Lo ocurrido quedó demostrado otra vez con el asesinato de seis personas migrantes y 10 más heridas por elementos del Ejército Mexicano, el pasado 1 de octubre, en el tramo carretero entre Villa Comaltitlán y Huixtla, Chiapas.
Lo anterior cuando militares abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban 33 personas de distintas nacionalidades, entre ellas, egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y árabe.
No es la primera vez
Un centenar de organizaciones, entre otras la Fundación para la Justicia, Asylum Access México y Colectivo Monitoreo Frontera Sur, recordaron que no es la primera vez que la política de contención y militarización del control migratorio termina con la vida de población en movilidad, bajo el argumento de “sospechas” o “repeler agresiones”, sin que se compruebe que las personas de los autos o camionetas agredan a los elementos castrenses.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que “los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración”, siendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la que debe otorgar las medidas de asistencia urgente, así como las de rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.
Es decir, entregaron a las víctimas a su victimario, a quien los persigue y encierra en todo el país, al instituto que estaba a cargo de la vida de 40 migrantes que murieron quemados en una estación migratoria en Ciudad Juárez. No se agrega nada del estatus de los extranjeros.
Detenidos, los dos militares que dispararon
En cuanto a los dos militares que dispararon, la Sedena notificó que “fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), para que realice las diligencias legales correspondientes y determine (el) deslinde las responsabilidades que correspondan.
Ello sin perjuicio de que la Fiscalía General de Justicia Militar realice las investigaciones respecto a la disciplina militar. No obstante, no hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño.
Las ONG recuerdan que así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del Ejército están involucrados.
México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de cuerpos militares, como la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército, incluso, como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos.
En pocas palabras, usar militares vestidos de verde olivo o de gris con el uniforme de la Guardia Nacional, en caso de cometer excesos e incluso crímenes contra migrantes, no será visto como algo grave porque serán juzgados por tribunales castrenses, lo es tácitamente un permiso para disparar, para acribillar impunemente a los extranjeros que buscan el sueño americano. Tal Cual.
Lee: Administrar las tragedias: Otis, Pinabete y Tlahuelilpan
