La deuda de los gobiernos de los municipios del país con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanza una cifra histórica superior a los 50 mil 700 millones de pesos. Ese pasivo ya afecta múltiples servicios esenciales, como el suministro de agua potable, el funcionamiento de pozos y el alumbrado público en más de mil 500 ayuntamientos.
La llamada deuda de municipios con CFE se ha convertido en un problema estructural que ya rebasa el ámbito financiero: impacta directamente la operación de los gobiernos locales, deteriora la prestación de servicios básicos y agrava la percepción de inseguridad en amplias zonas urbanas y rurales.
El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Armando Quintero, advirtió que el problema no se limita al adeudo con la empresa eléctrica. Además, alrededor de mil 500 municipios enfrentan pasivos por otros mil 500 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por otra parte, 700 mantienen créditos pendientes con esa autoridad fiscal y otros 300 registran adeudos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La acumulación de obligaciones financieras ha colocado a numerosos ayuntamientos en una situación crítica, con riesgo de embargos, suspensión de servicios y afectaciones directas para la población.
En Chihuahua, Sonora y Chiapas la mayor deuda de municipios con la CFE
De acuerdo con el funcionario, los estados con mayores pasivos municipales ante la CFE son Chihuahua, Sonora y Chiapas. En estas entidades los adeudos han complicado la operación cotidiana de los gobiernos locales.
A través del Inafed, el gobierno federal busca establecer mecanismos de regularización que permitan a los municipios recuperar viabilidad financiera sin paralizar sus funciones básicas. La estrategia considera acuerdos de pago escalonados a tres, seis y nueve meses. El objetivo consiste en evitar cortes de energía y sanciones fiscales más severas.
Quintero explicó que la intención es acercar a los presidentes municipales a mesas de gestión que permitan diseñar esquemas de pago realistas, evitando que los adeudos fiscales deriven en embargos o en nuevas presiones de la CFE.
En algunos casos, señaló, la falta de pago y la ausencia de diálogo han derivado en suspensiones del servicio eléctrico como medida de presión contra los ayuntamientos morosos.
Calles oscuras, más riesgo para la población
El impacto más visible de esta crisis financiera aparece en el espacio público. Cuando los municipios no pueden sostener el pago de energía eléctrica, fallan el alumbrado de calles, parques y zonas habitacionales. Esto incrementa las condiciones de riesgo para la ciudadanía.
Quintero advirtió que los apagones municipales generan entornos propicios para actividades delictivas, ya que la falta de iluminación facilita robos, agresiones y otras conductas criminales.
La falta de luz en zonas habitacionales y espacios públicos convierte el deterioro del servicio en un problema de alumbrado público e inseguridad. Y esa es, precisamente, una de las principales preocupaciones para la población en municipios con rezago financiero.
La insuficiencia presupuestal también golpea otras áreas sensibles. En sus recorridos por distintas regiones del país, el funcionario identificó carencias persistentes. Sobre todo, en agua potable, drenaje, pavimentación y caminos artesanales, además de un déficit grave en materia de seguridad pública.
Muchos municipios, afirmó, carecen de patrullas, armamento y equipo básico para sus policías. Además, los elementos de seguridad requieren capacitación urgente para responder a las exigencias actuales.
La crisis de deuda municipal ya no es sólo un problema contable: se ha convertido en un factor que deteriora servicios públicos. Asimismo, limita la capacidad de los gobiernos locales y profundiza la percepción de abandono en cientos de comunidades del país.
