La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, advirtió sobre la presencia de al menos seis personas virtualmente electas para cargos en el Poder Judicial que enfrentan acusaciones por violencia de género, acoso, hostigamiento o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Por ello, llamó a aplicar de forma estricta la medida conocida como “8 de 8 contra la violencia”.
En la sesión del Consejo General en la que se avalará la elección del Poder Judicial, Humphrey se pronunció por revisar a fondo los expedientes y denuncias ciudadanas para evitar que agresores lleguen a puestos de impartición de justicia, como lo establece el artículo 38 constitucional.
Casos particulares
La consejera señaló tres casos particularmente preocupantes:
Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, virtual ganador como magistrado del Cuarto Circuito Judicial en Nuevo León, enfrenta múltiples denuncias por acoso sexual a estudiantes durante su labor como docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De acuerdo con Humphrey, se recibieron al menos tres folios distintos que relatan patrones de conducta consistentes de acoso, represalias y abuso de poder.
El candidato no presentó el formato bajo protesta de decir verdad, lo que, según la consejera, permite presumir que no cumple con los requisitos establecidos.
Deudor alimentario moroso
Sergio Díaz Rendón, propuesto como magistrado de sala regional en Monterrey por Coahuila, fue señalado por ser deudor alimentario moroso.
Pese a haber entregado documentos de buena fe y un certificado negativo del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, la denuncia indica que sigue sin cumplir con el pago de la pensión alimenticia a un menor. Humphrey propuso solicitar los talones de pago para verificar la información.
Investigación por acoso sexual
Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para el Quinto Circuito en Sonora, enfrenta al menos siete investigaciones por acoso sexual y laboral, impulsadas por ocho trabajadoras del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal ya había determinado su suspensión temporal por estos hechos, lo que, según Humphrey, es prueba suficiente de conducta reiterada de violencia de género en el ámbito laboral.
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Además, la consejera mencionó tres casos más:
Francisco Salvador Vega de León, por violencia política contra las mujeres, sanción confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
José Francisco Moreno Villicaña, investigado por violencia familiar y envuelto en una disputa legal sobre pensión alimenticia.
José Luis Contreras Cruz, sancionado por violencia laboral contra una mujer.
Lo que también encuadra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Modificación del dictamen
Ante estas situaciones, Humphrey solicitó que los dictámenes sean modificados para declarar que estas personas no cumplen con los requisitos negativos del procedimiento.
Pidió que se vote de manera particular en los casos señalados.
“Estamos sometiendo a las víctimas a un estándar jurídico y probatorio sobredimensionado, en un país con altos niveles de impunidad. Esta autoridad tiene la obligación de actuar con responsabilidad”, concluyó la consejera.
